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Como buenos colombianos naturalmente somos soñadores y quizás esa es una de nuestras grandes virtudes. De no ser por el soñar, muchos proyectos jamás se habrían materializado. Pensar en términos de transición energética dejó de ser un sueño y en el gobierno del presidente Duque se convirtió en 2022 en el documento Conpes 4075. En este entendido, no cabe duda del compromiso de Colombia con el cambio climático, sino de que la realidad evidencia que es el sexto país del mundo con la matriz energética más limpia.
No cabe duda de que proponer cambios de fondo requiere de valentía, de rigurosidad o en algunos casos de postura ideológica. En este entendido, proponer cambiar hidrocarburos por turismo requiere en especial de un análisis exhaustivo por las múltiples implicaciones en materia de seguridad jurídica, confianza inversionista, fiscal, productiva y de disponibilidad de recursos para ejecutar la política social, mucho más cuando el país cuenta desde 20222 con hoja de ruta de transición energética reconociendo su compromiso planetario. No se trata tampoco de desconocer que independientemente de cualquier sesgo ideológico, resulta irrefutable reconocer que el turismo a nivel mundial es uno de los sectores más importantes en cuanto al desempeño de la economía.
En el caso específico de Colombia, luego de que el valor agregado de los servicios turísticos aumentara a lo largo del 2021 en 15,6% respecto a 2019, aportando cerca de $39 billones a la economía colombiana, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los servicios turísticos aportarían la suma de $45 billones al PIB de 2022, reflejando un crecimiento de 15,4% respecto a 2021 y de 33,4% con respecto a 2019.
No obstante, el interesante panorama que se proyecta para el desempeño de corto y mediano plazo del sector, justo en el momento en el que se anuncia no conceder nuevos contratos de exploración y explotación de gas y petróleo, bajo la premisa de que los recursos que se dejarán de percibir, podrían ser fácilmente remplazados si se logra atraer un flujo de 12 millones de turistas anuales, cifra que ni siquiera Brasil logró en 2014 con mundial incluido. Con corte a noviembre de 2022 según Migración Colombia, el país logró atraer 4.011.069 visitantes no residentes, de los cuales 2.963.579 correspondieron a extranjeros no residentes, 935.541 a colombianos residentes en el exterior y 111.949 a pasajeros visitantes en cruceros internacionales.
Si bien, Colombia es referente en estrategias enfocadas en acompañar la promoción del sector turismo, destacándose la apertura de líneas de crédito blandas, la exención del pago a la sobretasa de energía para los sectores de alojamiento, eventos y parques; la exención del IVA para la prestación de servicios turísticos; así como la modificación a la Ley General del Turismo con la creación de incentivos fiscales, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la transformación y la generación de oportunidades de empleo formal en el sector; se hace imperativo presentar al país el plan que materialice los anuncios de la señora ministra de minas y energía en términos de que: “el turismo y la exportación de energías limpias permita sustituir la matriz de exportaciones”, pues en ningún momento se presentan los argumentos técnicos para remplazar los $84 billones en inversiones durante los próximos cuatro años y $172 billones hasta 2032 que proyecta el sector de hidrocarburos; los Ingresos fiscales a la Nación por $228 billones hasta 2032; los Ingresos a las regiones por $38 billones durante los próximos 4 años y los $80 billones hasta 2032; las Inversiones sociales y ambientales del sector por $1,72 billones hacia 2026, y los $3,4 billones hasta 2032; las exportaciones por US$82.000 millones entre 2022 y 2032 y la contratación de bienes y servicios por $109 billones estimada a lo largo de este gobierno, y los $228 billones hasta 2032.
Finalmente, el futuro del país y sus políticas económicas deben soportarse en estructuraciones técnicas (como lo fue en los años dorados del Departamento Nacional de Planeación), que vayan más allá del activismo político y se logren convertir en políticas de Estado que favorezcan la transición energética, el cierre de brechas sociales, la estabilidad jurídica e inversionista y cierren la posibilidad a inmediatismos políticos que socavan la confianza y estancan la inversión.