Libertad y educación

Pedro*, un joven oriundo de Manaure que sobresalió en el bachillerato por su desempeño académico, soñaba con estudiar Mercadeo, Finanzas y Negocios Internacionales, una carrera que solo se ofrece en una universidad privada en Bogotá y que no podía costear por los limitados ingresos de su hogar. Su plan era ir a la universidad pública en el Cesar. Sin embargo, en 2019 cuando lo entrevisté vivía en Bogotá, estaba recién graduado de la carrera de sus sueños y empezaba a trabajar en una multinacional. “No pensé tener la libertad de escoger mi futuro” me anotó.

Al igual que otros 40.000 jóvenes, Pedro logró este sueño por ser beneficiario del programa Ser Pilo Paga (SPP) y su historia refleja un debate latente en nuestro país: la inequidad en el acceso a la educación superior de calidad y la limitada libertad económica que tienen los jóvenes de hogares con ingresos bajos para definir su futuro. Si bien SPP permitió a jóvenes de hogares de ingresos bajos ir a las mejores universidades del país -las acreditadas, que en su mayoría eran y son privadas- los recursos del programa ahondaban el problema del desfinanciamiento de las públicas, dificultad que viene desde Ley 30 de 1992. Para mantener la libertad de escoger carrera y futuro, el gobierno actual lanzó el programa Generación E, con tres componentes: equipo, equidad y excelencia. Los dos primeros financiaban directamente la educación pública y el de excelencia muy similar a SPP daba becas en universidades acreditadas, pero solo del 100% si estás eran públicas.

Según datos del MEN en 2013 en Colombia la probabilidad de ingresar en una institución acreditada era de 57% para los estudiantes con mayores ingresos y de 16% para los estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos. Con SPP y Generación E en 2021 esta brecha se redujo casi a la mitad; por lo que resulta un retroceso que el Ministro Gaviria haya dicho en su primera declaración que Generación E y en particular el componente de excelencia, no continuarán.

Se pretende focalizar los recursos en las universidades públicas, abandonando el subsidio a la oferta en las privadas. Esto significa perpetuar la segregación social y limitar la libertad económica de los jóvenes con menores ingresos porque la transformación y calidad de las públicas tomará tiempo y en el intermedio los Pedros de nuestro país no podrán escoger en qué se capacitan para enfrentar el mundo laboral, lo que hace parte de la definición de libertad económica.

La equidad en el acceso a educación superior constituye un desafío que enfrentan los países desarrollados y en desarrollo, por la masificación de la educación terciaria después de la Segunda Guerra Mundial. Varios estudios como el de McCowan (2016) sugieren basados en evidencia, tres principios para lograr un sistema sostenible y de alta calidad: disponibilidad (cantidad adecuada de plazas disponibles en las instituciones de educación superior), accesibilidad (método justo para acceder) y horizontalidad (igualdad de oportunidades en los estudiantes para acceder a Instituciones con prestigio y calidad). Cualquier modificación del nuevo gobierno debería contemplar estas tres dimensiones, en especial no retroceder en horizontalidad, porque no permitir elegir a los estudiantes de menos recursos elegir lo que quieren hacer con su vida, será siempre una carencia de libertad económica.

*Seudónimo por confidencialidad.