Defendamos las instituciones

Un hombre está en el suelo suplicando “por favor, ya… ya por favor, no más, por favor. Por favor, por favor”. Dos personas reclaman: “¡Le está diciendo que por favor! ¡No le haga más!” Otros más insultan e insisten, pero los policías continúan disparando un taser contra Jorge Ordóñez, el hombre que suplicaba la noche del martes 8 de septiembre. Mientras un policía aprehende a otra persona, se oye: “Venga, ¿por qué lo agrede? Venga, el sólo está grabando, él no está haciendo nada, ¿qué le pasa?”.

Según el testimonio de uno de los policías, a Ordóñez lo llevaron al CAI y, cuando dijo sentirse mal, a la clínica donde “como a los 15 minutos sale el médico” a informar que había fallecido. Medicina Legal informó que tenía nueve fracturas en el cráneo. Leyó bien. Nueve. Según la Fiscalía, habría sido golpeado dentro del CAI.

Siguieron las protestas y la indignación ciudadana. Algunas fueron violentas con agresiones a policías, buses de Transmilenio, y CAIs. Para el 11 de septiembre, la prensa registraba 13 muertos y 403 heridos (209 de ellos civiles). La mayoría jóvenes humildes que murieron por balazos, al parecer, de la policía. Por ejemplo, Jaider Alexánder Fonseca (de 17 años y padre de un bebé de siete meses), Julieth Martínez (estudiante de 18 años), Fredy Mahecha (20 años), Germán Smith Puentes (25 años), Andrés Rodríguez (23 años), Angie Vaquero (19 años), Julián González (27 años), Cristian Andrés Hurtado (31 años).

Esta semana, se conocieron imágenes horrendas. En un video, una multitud se dispersa cuando se oyen disparos y alguien dice, mientras un hombre sangra en el suelo: “los policías lo acaban de herir… ¡lo acaban de herir! ¡Lo que acaba de hacer la policía, vea, disparando a las personas, disparando a las personas! Lo mataron. ¡No! ¡Lo mataron marica!” En otro, un policía apunta y dispara su arma varias veces contra la gente. Se repiten imágenes similares en otros cuatro videos.

Desde entonces, el país ha estado dividido. Están quienes, como el Presidente o el Ministro de Defensa, abogan por “individualizar” a los responsables, no estigmatizar a la policía, y rodearla por su actitud “gallarda y férrea”. Y están los que, como la alcaldesa Claudia López, insisten en la gravedad de los hechos, en la importancia en reformar a la policía, y en restaurar la confianza con actos de perdón.

El exalcalde Peñalosa, tomando partido, agradeció al Presidente por “defender las instituciones” y atacó a los que son “ahora expertos en criticar y condenar a la policía, comenzando por la alcaldesa”.

Estoy de acuerdo con Peñalosa. Tenemos que defender nuestras instituciones. Pero el exalcalde se equivoca en el método. Como lo indican García-Villegas y Espinosa, las instituciones en una democracia se fortalecen cuando se maximizan dos cosas: su eficacia y su legitimidad. No sirve que los ciudadanos le teman al poder de la policía, deben confiar en él.

Por supuesto, lo que quedó golpeado con las acciones de la policía fue su legitimidad. Para reconstruirla, y en defensa de esa institución, la estrategia correcta no es la del Presidente y el Ministro de Defensa, minimizando lo sucedido.

Poco ayuda para la legitimidad de la policía la tacañería antológica del perdón del Mindefensa: “la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en los que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.

¿En los que “haya incurrido”? ¿No se le ocurrió, Ministro, algo más contundente después de que le rompen el cráneo nueve veces a un ciudadano bajo custodia policial? ¿Y de todo lo demás, qué? Y el Presidente, poco qué agregar, aunque sí sacó tiempo para disfrazarse de policía. Como reclamó Carlos Cortés, valdría la pena ver si Duque y Trujillo son capaces de decirle a las víctimas lo que le han dicho al país. La falta de empatía es irreal.

Poco ayuda a la policía que se insista en la teoría de las “manzanas podridas”, o que se desestime una reforma que muchos sectores reclaman. Poco ayuda que el Gobierno tenga semejante cautela en señalar y condenar los evidentes abusos, el primer paso para poder corregirlos, al tiempo que estigmatiza con evidencias dudosas a los manifestantes. En palabras de Sandra Borda, es la vieja “estrategia de deslegitimar la protesta social: vincularla y reducirla a una fachada de la insurgencia armada”.

Los críticos pueden reírse de la comparación de la alcaldesa con la tragedia del Palacio de Justicia. Pero no debe olvidarse que en esa ocasión, como en esta, quedó la sensación de que las fuerzas armadas no le hicieron caso a sus jefes.

Dijo La Silla Vacía que este Gobierno apuesta a defender a la policía con un discurso y estrategia de seguridad conocido, calcado del uribismo. Al parecer no pueden o no quieren comprender que esa estrategia debilita a las instituciones que supuestamente defienden.

Porque en una democracia, instituciones en general y fuerzas armadas en particular sólo son verdaderamente fuertes bajo el control ciudadano. Pero como vamos, parecemos encaminados sin remedio al regreso de la “seguridad democrática”, que por insistir más en lo de seguridad que en lo de democracia, no fue verdaderamente ninguna de las dos.