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Es inocuo pensar en una reforma tributaria este año, sin embargo, puede sonar incorrecto o impopular la propuesta que invito en esta columna, pero es indispensable que el país no se pierda y que pensemos en recuperar el desastre que van a entregar en agosto de 2026 (8/26). Para todos es indispensable y patriótico generar ideas, en mi caso, propongo mejorar los ingresos de la nación a través de impuestos a partir del año 2027.
Eso no significa inventar cifras y estrategias irreales, como las que vemos con $15 billones del arbitraje tributario, o bajar los impuestos a personas jurídicas subiéndolos a las personas naturales, cuando ya no dan más, o de la supuesta lucha contra la evasión, o la modernización tecnológica cuando los números muestran que no se cumplió las metas de recaudo en 2023 y aún sigue la contingencia en el sistema aduanero. Es el tiempo de estrategias reales, es entre todos los que podemos ayudar mucho a la economía y a crecer la inversión que necesita el país, cómo lo están haciendo algunos sectores empresariales hoy.
No va a ser una olla raspada, no va a existir olla en el 8/26, por ende, mi propuesta de “construir para no reconstruir”, es buscar nuevas fuentes de ingresos y hacer cinco cambios en el estatuto tributario, no proponiendo una reforma tributaria, sino un plan de choque, que puede lograr un recaudo. que estimo en mis cálculos sea de $25 billones, que permitirán al siguiente Gobierno empezar a construir.
Comencemos por la propuesta que quiere el Ministro de Hacienda de bajar el impuesto a la renta a las personas jurídicas. Estamos de acuerdo, hay que bajarles impuestos a las empresas, pero no como proponen, subiendo los impuestos a las personas naturales. Encauzo la propuesta, mejorando el numeral 2 del artículo 905, mediante el cual se suba el tope de ingresos del Régimen Simple de Tributación (RST), pasando de 100.000 UVT’s a 500.000 UVT’s de ingresos. Este simple hecho, permitiría que 96% de las empresas formales del país simplifique su tributación y tengan unas tarifas más competitivas; es permitir que el Régimen Simple sea el régimen ordinario y el régimen ordinario sea la excepción.
También con este cambio, los empresarios podrán aligerar ciertas cargas como el pago de parafiscales, y ni qué decir de la motivación de dejar el efectivo y usar el sistema financiero, por el gran descuento que ofrece. Así mismo, permitir que los informales ya no tengan excusa de seguir al margen de la economía. Sumado a todos los beneficios, que tiene el RST, los empresarios solucionan la carga fiscal del impuesto municipal de Industria y comercio (ICA), generando la simplificación en el pago en los tantos municipios, evitando la actual carga de cumplimiento, y permitiendo mejorar los ingresos de los municipios porque el ICA, ya está incluido en la tarifa del Simple.
Segundo artículo, tocar el IVA. No se asuste. Todos los bienes y servicios exentos deben pasar a ser excluidos. Cuando hablamos de exentos, es porque la tarifa es 0%, al pasarlos a excluidos, no es el cero, sino que no hay impuesto. Cero vs. no hay impuesto, parece lo mismo, pero no lo es, cuando usted compra un producto exento no paga IVA, cuando compra un producto excluido tampoco paga IVA. A usted no le tiene que costar más, el efecto está, en que los productores e importadores de bienes y prestadores de servicios exentos, hay que generarles devoluciones y compensaciones de los “IVA” adquiridos, por más de $20 billones. Usando argumentos más técnicos, la propuesta es evitar que se generen saldos a favor en IVA, sin que les genere un mayor costo a los ciudadanos y así la Dian no devuelve ni compensa, en este impuesto.
Tercer cambio, mejorar el impuesto al patrimonio. Creo que es necesario ampliar la base gravable y mejorar las tarifas para quienes tengan un patrimonio líquido superior a los $1.000 millones, ese debe ser el punto de partida, lógicamente excluyendo el valor de su vivienda sin ningún tipo de tope, para no generar una doble tributación con el impuesto predial ni la contribución de valorización municipal. Hace algunos años se pagaba con gusto, porque se creó para combatir a los criminales y para este caso en el 8/26 debe tener la misma destinación específica, por ende, no debe ser un impuesto, sino una contribución a la seguridad nacional.
Cuarto artículo, los bancos deben facturar electrónicamente. Hoy tienen la excepción en el artículo 616-2. Sin embargo, gran parte de la información para detectar las inexactitudes en las declaraciones de impuestos, no solo nacionales, sino municipales, son los datos que proveen los bancos. Ahora bien, hay que esperar cada año y varios meses más, por esos datos, teniendo la posibilidad de tenerlos en tiempo real, a través del ecosistema de la facturación electrónica. Pensemos, cuando vamos al mercado, a un restaurante, a un hotel, en cualquier establecimiento, se están emitiendo facturas electrónicas, ¿Por qué los bancos no lo hacen? Estos datos son excelsos para fiscalizar no solo impuestos nacionales, sino municipales, y lógicamente a los mismos bancos, empezando por el 4x1.000.
Quinto cambio, disminución de intereses. Es común encontrar en todas las reformas tributarias estos beneficios. Sin embargo, hoy es más necesario. A medida que se han establecido alzas en las tasas de interés, para enfrentar la inflación, sube la tasa de usura y los intereses moratorios de los procesos de las administraciones tributarias se calculan según la tasa de usura. Es así, que cuando el Banco de la República incrementa las tasas de interés, indirectamente sube la cartera de todas las administraciones tributarias del país: municipales y de la Dian. Por ende, y en aras de recuperar los impuestos y sanciones dejadas de pagar, se pueda incentivar acciones de cobro con una tasa de interés de un dígito. Saldrán argumentos que digan que esto es un daño para la cultura tributaria, pero es peor el daño en los gastos desmesurados y probados en las banalidades de este Gobierno.
Estas ideas generaran recaudo cierto, el cual debe ir acompañado de una portentosa estrategia de austeridad, para poder empezar desde el 8/26 con ingresos que nos permitan avanzar hacia el progreso y por qué no decirlo, también para pagar las múltiples sentencias condenatorias, por los desmanes que están haciendo los “líderes” de este Gobierno, empezando por el pago de la indemnización por el contrato de los pasaportes de la Cancillería; tal como ocurrió con el millonario pago que obligaron a hacer a la siguiente administración de la capital, por las sanciones a Aguas de Bogotá y con los miles de millones que aún paga la Dian, por el parqueadero de los camiones de basura que importaron ilegalmente, cuando estuvieron gobernando en el Distrito Capital.
