Aquarela: inseguridad jurídica y persecución

Desde octubre de 2017, el Ministerio de Cultura y la Procuraduría General iniciaron una Acción popular y Demanda de nulidad buscando dejar sin efecto las licencias expedidas por la Curaduría 1 de Cartagena para la construcción de Aquarela - proyecto VIS, invocando entre otros motivos, la vulneración que podría representar la construcción de este proyecto al Castillo De San Felipe, patrimonio cultural de la humanidad. Paralelamente, diversos medios de comunicación han presentado la construcción como un adefesio que, de continuar, pondría en riesgo el título de patrimonio histórico y cultural otorgado por la Unesco a Cartagena.

Lamentablemente, ni los medios de comunicación ni los demandantes han analizado la contra parte, ignorando las graves consecuencias de desconocer los derechos de los particulares derivados de un acto administrativo ya en firme, representado en las licencias de construcción legalmente otorgadas.
En un Estado de derecho, los particulares se deben ajustar a la ley, además pueden efectuar lícitamente todo aquello que no les esté expresamente prohibido por la ley de tal forma que, en el caso concreto, el obtener las licencias de construcción y sin que los hoy demandantes se hubiesen opuesto a las mismas en su oportunidad, le genera un derecho adquirido y la seguridad jurídica de poder desarrollar el proyecto.

El Ministerio de Cultura, y peor aún, la misma Procuraduría cuya función es defender los derechos de los particulares y la Ley, con su actuar están generando inseguridad jurídica, no solo para este proyecto sino para todos los proyectos VIS que se desarrollan en Cartagena y el resto del país, pues se sienta un nefasto precedente en cuanto a que una licencia no es garantía jurídica para desarrollar un proyecto, pues en cualquier momento y con razones subjetivas la pueden controvertir o desconocer los entes mencionados.

Estos actos abusivos hacen que proyectos como Aquarela, queden indefensos pues quien es el llamado a defender la prevalencia de la ley y derechos de los ciudadanos, es uno de sus atacantes, con el agravante de que el particular se ha visto expuesto a una persecución con acciones en su contra por diferentes entidades del Estado como si los recursos de estos entes no fueran limitados y no existieran verdaderos delitos dignos de tanto esfuerzo investigativo por parte del Estado en otros lugares del país.

Como si lo anterior fuera poco, el particular solicitó ser oído por sus demandantes y estos se negaron a ello aduciendo que resulta inconveniente, como si los sueños de cientos de personas de acceder a una vivienda digna fueran cuestión de conveniencias. Un país donde las mismas autoridades pretenden desconocer las normas legales, desestimula todos los sectores económicos, cuando estos son los que generan desarrollo, empleo y tributos para el Estado.