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Las universidades como congregaciones de docentes y estudiantes han luchado por su autonomía para gobernarse desde su origen en la Europa medieval, superando disputas entre cleros y monarcas pasando por el férreo control estatal napoleónico hasta la consolidación del modelo de universidad europeo en el Tratado de Bolonia de 1999. Los consejos (claustrum) han pasado del dominio de profesores y estudiantes a incorporar actores externos para definir reglamentos, políticas y elegir rector.
El modelo norteamericano es muy corporativo y los consejos (board of trustees), que eligen rector, se conforman principalmente por financiadores públicos y privados y en particular por exalumnos. Solo hasta 1966 la American Association of University Professors (Aaup) logró acuerdos para avanzar en una gobernanza compartida incluyendo profesores en los consejos. En América Latina los estados han controlado las universidades públicas a través de sus órganos de gobierno e injieren en las privadas mediante financiación e inspección.
En Colombia la Ley 68 de 1935 creó el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Colombia (Unal) con representación del gobierno, docentes y estudiantes que elegía rector de una terna enviada por el presidente de la República. Luego, la Ley 65 de 1963 enrutó la universidad hacia el modelo norteamericano con la idea de autonomía enfocada a la no intromisión del Estado. La Ley 30 de 1992 avanzó hacia una gobernanza compartida en la conformación del Consejo Superior Universitario (CSU) que, adicional a la participación gubernamental, incluye un exrector y representantes de directivas académicas, docentes, egresados, estudiantes y del sector productivo.
Los consejos pueden ser cooptados por los intereses de sus miembros
El proyecto de Ley Estatutaria “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación” tiene en la democracia un punto álgido en razón a la situación de la Unal, donde la idea de mayorías electorales busca ser impuesta por el gobierno. También un grupo de respetados profesores que, apegados a la letra estatutaria, están contribuyendo a mover la idea de mayorías a un sistema de voto directo que, si lo proyectamos sobre la democracia, presenta un riesgo para la politización de la universidad y un retroceso en la gobernanza compartida. Las universidades son organizaciones por naturaleza jerárquica y existe una relación de poder entre profesores y estudiantes -no imagino una clase donde la mayoría decide que todos pasan con nota apreciativa-.
La votación directa es manipulable y como ocurre en los estados, llegan candidatos que escriben sobre piedra que no convocarán constituyentes para luego, faltando a su palabra, experimentar con universidades y con acuerdos con grupos armados organizados a ver si el eufemismo de la “acción del poder constituyente” le abre las puertas de la dictadura. ¿No pasó de cónsul a emperador vía referéndum Napoleón Bonaparte y luego inició el control estatal autoritario de la universidad que perduró hasta finales de 1980? Por cierto, este ominoso hecho marcó la filosofía política del liberalismo democrático de Alexis de Tocqueville que nos puede servir para pensar la tensión entre libertad e igualdad y la tiranía de las mayorías en una democracia universitaria.
John Dewey en su libro Democracy and Education de 1916 expone que la esencia de la democracia no está centrada en el voto sino en participar y tomar decisiones informadas y conscientes frente al interés general. El voto directo tiene asimetrías de información y no permite conocer candidatos con la profundidad que lo hace un consejo dedicado a informarse, reflexionar y debatir para una elección. Claro que los consejos pueden ser cooptados por los intereses de sus miembros y es por lo que, para una mejor gobernanza y democracia universitaria, necesitamos incorporar miembros independientes, personas de muy alta reputación y reconocimiento social cuyo único interés sea elegir al mejor candidato y votar las decisiones que más le convienen al progreso y bienestar de la universidad y la sociedad.
