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Una visión de futuro bien implementada iniciaría con un plan nacional de desarrollo del que se deriva una ley estatutaria, que luego de ser debidamente reglamentada, establece un marco normativo sobre el que se puede redactar una política en el DNP (Conpes y Confis) de la que cada ministerio asume sobre sus competencias las responsabilidades para ejecutar de forma coordinada programas y proyectos. Con la inteligencia artificial, IA, se ha hecho todo al revés. Primero, MinCiencias y MinTIC chocaron con sus documentos de política que luego concertaron en un Conpes; y ahora, para ponerle corona (de espinas) al proceso, redactaron un borrador de proyecto de ley “por medio del cual se regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y sostenible”.
Sin duda una característica distintiva de los países latinoamericanos herederos fieles del derecho romano-napoleónico está en regularlo todo. El sistema de ley civil, a diferencia del anglosajón de ley común fundado en regular a partir de las decisiones de los jueces, está basado en la fe de que se puede predestinar el orden social a partir de la ley. En Belatin, un centro de pensamiento del que hago parte, y que lidera el Law and Public Policy Program de la Universidad de California Berkeley, debatimos en el simposio de 2023 precisamente sobre las dinámicas del libre mercado y la regulación en la era digital de la IA. Los académicos italianos mostraron una tendencia a la regulación por prevención, mientras que los norteamericanos están del lado de los sandboxes -arenas de experimentación sin regulación- para aprender de las interacciones entre el avance tecnológico y dinámicas del mercado.
Ilustres académicos como Oscar Sumar de Perú, Rodrigo Barcia de Chile, Juan Morando de Argentina o Raúl Howe de México mostraron diversos debates y tensiones frente a la regulación y la privacidad en la era digital. Representando a la Universidad Externado de Colombia hice énfasis en el diseño de un sistema de gobernanza de la ciencia y la educación superior para la sostenibilidad y la inclusión social donde ministerios, academia, organizaciones industriales y civiles tuvieran instancias de discusión colegiada para el diseño e implementación de políticas sin ese afán de creer que con las leyes se resuelve todo.
Pues bien, lo que evidencio del archivo PDF llamado “Proyecto de Ley Unificado IA” es una clara búsqueda de protagonismo de MinCiencias. De entrada, tiene su sello característico, que es aplicar el copy, rewrite and paste -como demuestro en una columna reciente en el Observatorio de la Universidad Colombiana-, al EU AI Act de la Unión Europea, y luego un eclecticismo de limitada visión sobre la IA en asuntos como la sostenibilidad. En una columna anterior en La República titulada: Los verdaderos debates de la inteligencia artificial, indiqué dos de los problemas sobre la sostenibilidad que trae esta tecnología. Si se asumiera con seriedad el significado globalmente aceptado de sostenibilidad, se indicaría que el riesgo de promover la IA está en el enorme consumo de agua, combustibles fósiles y electricidad -incluyendo la minería extensiva y la energía nuclear- que necesitan los centros de datos.
También se tendría en cuenta la implicación de la IA en las armas autónomas y sistemas ciberfísicos para la guerra, asunto que debería tratarse en el numeral 6.1 del borrador sobre sistemas de IA prohibidos. El documento propone un sistema de gobernanza en el artículo 7 que no deja claro el rol de MinCiencias y MinTIC, y desconoce actores clave para la ciberseguridad como MinDefensa. MinCiencias busca el protagonismo en un eventual ecosistema de IA ya que se adjudica el derecho exclusivo para crear, como propone el artículo 12, unos Consejos Asesores Nacionales de Expertos en Inteligencia Artificial y en el artículo 15 un Comité Técnico Nacional de Sandbox Regulatorios. Finalmente, MinCiencias en el artículo 23 sobre educación se adjudica el primer lugar para que, con el MinEducación y el MinTIC, diseñen los programas de formación -al mejor estilo del despotismo ilustrado de Carlos III de España-, cuando esto en la práctica es responsabilidad de las instituciones de educación superior.
En conclusión, me encuentro con un documento miope, escrito a espaldas de la comunidad que investiga y estudia estos temas, y que busca darle a MinCiencias un rol protagónico sobre una tecnología que a todas luces sobrepasa sus competencias.