Transparencia en la educación superior

El llamado por la transparencia en el manejo de empresas y negocios, si bien emerge en tratados del siglo XV como el De Evangelio Aeterno que compila los sermones de San Bernardino de Siena, se constituye en asunto central para los grandes pensadores clásicos de la administración como Henry Gantt (1919), Mary Parker Follett (1924), Alejandro López Restrepo (1928) y Chester Barnard (1938). En el caso de las universidades y demás instituciones de educación superior, que son prestadoras de un servicio público como lo determina nuestra constitución política en su artículo 67, con mayor razón deber mostrar una administración transparente, con información abierta al público. Y esto es ahora más importante si tenemos en cuenta las intenciones del proyecto de Acto Legislativo No. 08 de 2024 que se discutió la semana pasada en el Congreso de la República, y que pretende inscribirle una Superintendencia de Educación precisamente al artículo 67. Este proyecto no es conveniente como bien lo detalla Ascun en su comunicado de prensa del 9 de septiembre, comunicado a partir del cual presento a continuación dos asuntos que considero centrales frente a la transparencia como imperativo que debe marcar el comportamiento de las universidades.

El primero es sobre la autonomía universitaria. Un sistema de educación plural y libre no puede ser coaccionado por un control central en el Estado. Una de las grandes luchas y logros de la universidad como institución social durante siglos, y en particular sobre el modelo napoleónico, ha sido la autonomía frente a los estados, cuyas entidades y agencias responden a los intereses de los gobiernos de turno. La autonomía fue una conquista de las marchas estudiantiles en la segunda mitad del siglo XX, que se capitalizó en Colombia con el Decreto 80 de 1980 para defender las bases institucionales del cuerpo de profesores y estudiantes que se congregan para la búsqueda del saber mediante todas las formas científicas de investigar e interpretar la realidad. Las universidades deben guardarse el derecho de determinar los mecanismos para elegir a sus directivas, así como vincular y desvincular profesores y estudiantes. Pero también deben obrar con transparencia en temas como la asignación de clases o nombramiento de cargos, donde en muchos casos se hace más a conveniencia y nepotismo que a la lógica de los logros académicos de los profesores mejor preparados. Hay que avanzar en procesos abiertos y transparentes, fundados en los méritos públicamente reconocibles.

Segundo, la creación de una superintendencia para el sector no solo es inconveniente por los costos de su operación en un sistema de educación en crisis financiera, donde tanto universidades públicas como privadas tienen problemas para pagar la nómina, y el déficit operacional es un denominador común que se cubre con los rendimientos financieros de las inversiones patrimoniales. Lo que requerimos es que las universidades y demás instituciones de educación superior publiquen sus informes de gestión y en particular su información financiera debidamente auditada, y sobre ello todos los ciudadanos y en particular la comunidad académica ejercer control social.

En días pasados mi estudiante de doctorado Rafael Santiago Ahumada solicitó al Ministerio de Educación Nacional los estados financieros de las universidades, y la negativa de la entidad para suministrar la información la refieren a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 sobre “datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008”, lo que nos dejó perplejos ya que esa ley estatutaria “regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales” no de organizaciones sociales o personas jurídicas. Las universidades prestan un servicio público y deben rendir cuentas públicas, de forma similar como las empresas, especialmente aquellas que cotizan en el mercado de valores. Como bien indicó nuestro gran pensador clásico de la administración Alejandro López, la empresa es un organismo social y “su objeto o función, … no es otra cosa que servir, ser útil a la comunidad”. ¡Cuanto más las universidades! Lo que necesitamos es sancionar socialmente a las universidades que no exhiben el valor de la transparencia y no dejan disponible en sus portales su información financiera, reportes e informes de gestión.