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Enfrentar la corrupción en Colombia es urgente. Tres elementos del análisis que han arrojado entidades dedicadas a la lucha contra la corrupción muestran la complejidad del tema. Primero, que la corrupción se convirtió en una manera de gestionar lo público; segundo, que la corrupción es un problema sistémico que se presenta en todos los niveles de la administración pública y del sector privado, y finalmente, que la corrupción afecta los derechos fundamentales de la gente, generando muchas víctimas.
Transparencia Internacional tiene una definición de corrupción que vale la pena considerar: “Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo”. Es lo que se llama la “gestión del autointerés”. Lo que revela la corrupción en este marco es una crisis de la política, de los líderes, de las instituciones democráticas y, como efecto, una crisis del poder. Zigmunt Bauman advierte sobre ella como una crisis contemporánea que afecta a la sociedad globalmente. La crisis de la democracia no permite tramitar la interdependencia de los problemas globales ni cumplir las promesas locales.
Hay un desplome de la confianza colectiva con líderes visibilizados en las redes, no solo como incapaces, sino como corruptos. La democracia fallida y los líderes deshonestos, exacerban los movimientos sociales, que se consideran “precariados”, cuyas luchas ya no son de clase sino de derechos. Movimientos que no encuentran representación en ningún liderazgo y que por ello se representan a sí mismos. En estas condiciones, los líderes políticos sobrevivientes no logran traducir las demandas de la población en acciones prácticas que transformen la realidad, no hay respaldo para ellos ni son creíbles sus propuestas. No es otra cosa que una crisis de la política, del poder y de la democracia.
En este paisaje de precarización, cada ciudadano es una víctima. En los lugares donde grupos políticos han asaltado los recursos de la salud, por ejemplo, miles de personas se han quedado sin tratamientos necesarios; viviendo procesos degenerativos, o padecen enfermedades que pudieron haberse tratado a tiempo, y podríamos hablar de otras muestras de victimización hablando de otras instituciones, la educación, la justicia, el empleo, donde todos se hacen víctimas de la falta de garantía para el cumplimiento de sus derechos.
Una primera medida frente a esto es gestionar una reforma política y del poder que le ponga claridad a la financiación de las campañas políticas. Algunos financiadores y algunos procesos de elección se han convertido en los motores del deterioro de la política. En segundo lugar, la lucha contra la corrupción a través de una recta y rápida administración de justicia. En Colombia, luego del descubrimiento del llamado cartel de la toga, quedó al descubierto que el aparato de justicia no está exento de escándalos a este nivel aumentando la crisis de confianza de la sociedad. Los países que han reducido la percepción de corrupción, han aplicado la justicia de forma implacable. La reforma a la justicia es entonces también fundamental.
Un tercer aspecto, es la reglamentación de la contratación pública, la existencia de múltiples regímenes de excepción se presta para evadir los controles necesarios a la gestión. Se requiere tener a disposición mejores herramientas de informática y de analítica de datos para detectar los problemas y la falta de transparencia en tiempo oportuno y se deben procurar herramientas para que haya control ciudadano y de la opinión pública, ello implica medios de comunicación fuertes y protegidos, participación ciudadana en la ejecución de los proyectos públicos y, en suma, un cambio de cultura, un cambio de la política y una transformación de los liderazgos para que se recupere la confianza y sea posible la acción social local y global, en un mundo donde los problemas son interdependientes.
