¿La fuerza sobre la institucionalidad?

De cara a la contienda presidencial que ya encendió motores, entre más podamos conocer a los candidatos, cuanto mejor. El libro Una vida, muchas vidas, de Gustavo Petro, lanzado recientemente, ayuda en este sentido, pues si bien no están todas las respuestas a las inquietudes que la ciudadanía tiene sobre el autor, y está maquillado para el momento político, hay trazos sobre los cuáles se puede conocer al candidato.

Hay varios aspectos que sobresalen como el hilo conductor de su posición pro-paz. O su relectura de muchas de las decisiones de la Alcaldía de Bogotá en clave ambiental, que en no pocas veces se muestra como artificial. O sus críticas contra el capitalismo. Focalizaré sobre una categoría que podríamos abarcar en el poder popular, donde deja en evidencia una tensión con lo institucional.

Un primer pasaje es el de las invasiones en Zipaquirá. Se trató del proceso que vivió en el barrio Bolívar 83 ¿Cuál era la dinámica popular allí? “Ideamos un concepto que llamamos ‘línea militar de masas’, o lo que hoy se conocería como milicias: la población debía armarse para protagonizar una verdadera insurrección” (p.66).

Se trata de lo que él llama insurrección popular. Así, pues una forma de desobediencia civil. Lo que llama también “la lucha popular civil” (p.101). Petro pone un énfasis muy fuerte en la revolución: “Para mí, la revolución era el pueblo en las calles, como protagonista de las transformaciones” (p.180). Seguramente, aquí resalta esa fuerza del constituyente primario no en las urnas, sino en las calles.

Y este de la insurrección civil es un punto muy complejo, que lo vivimos recientemente por los pronunciamientos del mismo Petro, tan controvertidos, que hizo en días muy complicados del paro nacional. El punto de fondo: recurrir a las vías de hecho.

En el libro hay una idea fuerza muy recurrente sobre recuperar el poder para el pueblo, como el ideario del movimiento M-19: “… la necesidad de transformar las estructuras en el país para devolverle el poder al pueblo” (p.200).
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Esta idea tiene una evolución interesante con la experiencia de Petro como Alcalde de Bogotá. “… quería una forma de gobierno en donde la gente pudiera decidir las políticas públicas. Esto se conoce como democracia participativa, y consiste en incluir a la ciudadanía en la construcción de dichas políticas” (285).

Pone en tensión esta participación con lo que él llama la tecnocracia, en lo que expresa como: “… las decisiones no las tenían ellos, basado en sus criterios técnicos, sino que su técnica entraba en deliberación con la sociedad”. No siempre dejar a los técnicos en el sótano es positivo para la política pública, las complejas decisiones sobre una ciudad, no siempre es conveniente dejarlas en manos de la percepción de un grupo de ciudadanos.

Preocupa también su percepción de la necesidad de presionar a los jueces con la gente, cuando hace referencia al momento que tuvo la destitución por parte de la Procuraduría: “… logré salir adelante porque la gente salió a las calles y con eso logramos que jueces pudieran producir sentencias a mi favor”.

Si las marchas se vuelven en el factor decisivo para las sentencias se quiebra el sistema judicial. En este campo, la presión política en las calles no puede ser el argumento de las consideraciones de una providencia judicial.

Luego de leer las páginas del libro de Petro queda rondando la pregunta: ¿Se trata de la presión sobre la institucionalidad? ¿Tensionar la toma de decisiones con la gente es el mejor camino para las decisiones en nuestra democracia, qué lugar le queda a la representación política? ¿Hasta dónde es legítima la presión sobre la tecnocracia y los jueces?

Es fundamental que en la campaña presidencial los candidatos hablen con transparencia y den claridades sobre cómo es su concepción del manejo del poder.