“Negacionismo” y revictimización

Que entidades del Estado salgan ahora a negar que haya habido desapariciones forzadas en el Palacio de Justicia es muy grave, pues, además de ser contraevidente por decisiones judiciales en firme, genera una dolorosa revictimización de los parientes y amigos de los desaparecidos, es también una afrenta a una sociedad que quiere sanar las heridas. Esta actitud de negacionismo de las tragedias de las desapariciones es una nueva tragedia social. Siquiera, el viernes pasado, la misma Fiscalía, en una audiencia de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del fallo en contra del Estado colombiano por los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, lo rectificó de manera indirecta.

Coincidió el anuncio negacionista de unos fiscales y de funcionarios de Medicina Legal, con un encuentro muy bonito al que asistí en Pasto hace dos semanas: Encuentros por la Verdad de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Allí muchas madres, hijas, esposas describieron la tragedia que han vivido con motivo de las desapariciones, según algunos cálculos unas 100.000 personas. Hay mucho dolor y muchas preguntas: ¿Dónde están? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién lo hizo? Y allí la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas (Ubpd) tendrá mucho que trabajar, lo mismo que la Justicia y la Fiscalía. De otra parte, el encuentro fue bien interesante, pues allí estuvieron familiares de desaparecidos de todas las orillas: líderes sociales, sindicalistas, policías, militares, secuestrados... Esto muestra que la guerra vivida en Colombia tocó a todos los sectores de la sociedad. Así la Comisión de la Verdad ayuda a los procesos de reconciliación, con unos ejercicios territoriales bien importantes y emblemáticos.

Un tratamiento serio, sistemático, profesional y técnico asegura que el tema de las desapariciones pueda dilucidarse. Pero se requiere mucha capacidad de conciencia para aceptarlo y asumirlo. Por ello, escapismos patológicos e irresponsables como el negacionismo de la tragedia de los desaparecidos, son muy dañinos para la sociedad. Pero para algunos criminales o enceguecidos ideológicamente se convierte en una salida falsa y costosa socialmente. En el país, hay sectores que quieren amañar la narración de la historia del país, para negar las duras realidades que hemos tenido que padecer; esta actitud es totalmente censurable, pues además de faltar a la verdad histórica es un agravio para las víctimas.

De otra parte, fueron muy conmovedoras las palabras de la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia Adriana García, quien aceptó cómo en múltiples oportunidades la entidad les cerró las puertas a las denuncias por desaparición. Y señaló que esperaba trabajar mancomunadamente con las víctimas, para, desde Medicina Legal, ofrecer un servicio que ayude a resolver los casos de desaparición. Allí, pidiendo perdón por los errores cometidos, solicitó el acompañamiento de las asociaciones de víctimas de desaparición. Y este es un paso que otras agencias estatales deberían asumir: estar mucho más cerca de la población para la cual trabajan.

Genera preguntas por qué la Fiscalía da bandazos en el tema de las desapariciones forzosas, máxime en un caso tan sensible como ha sido el Palacio de Justicia. El Fiscal encargado, Fabio Espitia, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia, es un penalista muy connotado, que debe poner orden en la entidad para evitar estos cambios súbitos y ruidosos de posición. Y, además, habría sido bueno que la rectificación hubiera salido de la boca del mismo Fiscal General de la Nación, y no de manera indirecta en una audiencia. Recordemos que la sentencia de la Corte Interamericana obliga al Estado a cumplir con las víctimas en verdad, justicia y reparación. La fuerza de la verdad es vital para reconstruir los lazos de confianza en la sociedad. De lo contrario, seguiremos fragmentados por la desconfianza.