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El programa Ser Pilo Paga (SPP) ha sido probablemente “el pequeño empujón” que necesitaba el país para cambiar la arquitectura en la toma de decisiones sobre la educación superior, usando los términos de Richard Thaler, el nobel de economía galardonado el pasado mes de octubre. La arquitectura anterior consideraba que los estudiantes de estratos 1 y 2 no podían elegir la profesión o la universidad que querían porque su remota y casi única opción era la universidad pública, pues de manera marginal algunas becas en las universidades privadas les abrían sus puertas; se sobrentendía que la universidad privada era para los que tenían cómo pagarla. Este régimen pasado fue el que Moisés Wasserman describió como la promoción de un apartheid educativo, donde los jóvenes pobres y los ricos nunca se encuentran.
La evaluación realizada sobre el impacto del Programa SPP por parte del Centro Nacional de Consultoría, el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico y la Universidad de los Andes en julio de 2016 muestra que por ahora solo se puede hablar de impactos inmediatos del programa, se estima que el acceso de los más pobres a la educación superior mejoró en 35 puntos porcentuales. Lo que revela este porcentaje es que el impacto del SPP, dobla la probabilidad de que jóvenes talentosos con escasos recursos accedan a la educación superior.
El esquema de financiación actual de la educación superior necesita transformarse, el bono de la paz, que permitirá reducir los gastos en Defensa, debe destinarse a fortalecer la educación. Es la mejor alternativa, esta debe ser la discusión nacional y no, si el SPP le está drenando o no recursos a las universidades públicas, pues los recursos finalmente están financiando un servicio público.
Desde una perspectiva amplia la educación es un servicio público, sin importar quién lo preste. Como lo afirma el rector de la Universidad de Los Andes, Pablo Navas. Ahí no hay diferencia entre públicos y privados. En el caso del Programa SPP, solo está disponible para universidades institucionalmente acreditadas, es decir, estamos hablando de universidades que prestan un servicio de calidad. Para una democracia es fundamental contar con perspectivas educativas distintas, para que desde la diferencia se pueda construir un país incluyente, participativo y plural. El pequeño empujón del SPP abre, en este horizonte, un escenario donde las fronteras entre unas universidades y otras se hacen más difusas, invitando a pensar en soluciones de conjunto para un sistema educativo de múltiples entradas.
Se necesitan más y mejores recursos para financiar todo el sistema; si esto se logra, se podría pensar en institucionalizar el SPP como el programa que dio el pequeño empujón que, como instituciones de educación superior, necesitábamos. La teoría del “pequeño empujón” de Richard Thaler parece inspiradora para entender que el SPP generó un cambio en la forma de tomar decisiones en la educación superior, en la arquitectura del sistema, desde la demanda y desde la oferta. El modo en que sucedió, como un programa y no como una política, “dio un pequeño empujón” a las universidades privadas para que abrieran sus campus y mejoraran sus ofertas educativas; a las universidades públicas les implicó repensarse y demandar al Estado mejores soluciones y, permitió a los estudiantes más pobres y sobresalientes cruzar los umbrales de las universidades privadas, algo que se había considerado impensable en otro tiempo.
Nos habíamos acostumbrado al esquema de una sola opción y no estábamos preparados para el cambio; hoy la buena noticia es que hay más oferta, que la deserción de los jóvenes del programa es mucho más baja que la del promedio nacional y que estos jóvenes tienen una menor probabilidad, cercana a 7 puntos porcentuales, de ausentarse después del primer semestre respecto de sus compañeros en IES acreditadas. Así lo demuestra el estudio del DNP para 2016 publicado este año. Esto parece prometedor, en la línea de tener una Colombia más educada.