Universidades al tablero

De la adversidad emergen oportunidades y se generan lecciones aprendidas.

La educación superior no ha sido ajena a esta dinámica y como resultado de la pandemia se están desarrollando cambios muy profundos. Hoy nos encontramos ante un verdadero reacomodamiento y una transformación que va más allá de lo digital. 2022 está cargado de muchos retos para las universidades de nuestro país.

Un punto capital de la educación es la cobertura y esta va de la mano con la financiación. La opción del Gobierno por el fortalecimiento de las universidades estatales se mantiene en la senda que dejó planteada desde 2019. Esto se ve reflejado en acciones como el aumento del presupuesto de transferencias para las Universidades; la adopción de la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3, y con los resultados de programas como el de Generación E, que según el Ministerio está beneficiando a cerca de 250.000 jóvenes. Sin embargo, la composición de la matrícula universitaria en el país es de 50% estatal y 50% privada.

Para esta última, en las normas del Presupuesto Nacional se logró incorporar en su artículo 117, luego de esperar varios años, la puesta en marcha de la Financiación Contingente al Ingreso, que es una de las formas modernas que en otros países han utilizado para apoyar el aumento de cobertura en universidades privadas. Le corresponde al Icetex poner a funcionar esta fuente de financiación antes de 6 meses. El beneficio debe complementarse con un nuevo esfuerzo en reducir las tasas de interés de los préstamos de estudio.

El mensaje de flexibilización para la oferta educativa que hizo el Ministerio de Educación Nacional al cierre del año pasado con la Directiva Ministerial 09 del 2021, abre una dinámica mucho más elástica en materia de registros calificados. Esta debe profundizarse para que las universidades puedan adaptarse ágilmente a los cambios que se dan a alta velocidad y con un calado que muchas veces hasta se desconoce. Las Universidades deben utilizar con suma responsabilidad estas nuevas vías expeditas, generando modalidades novedosas de enseñanza. La “discriminación positiva” que se hace de universidades acreditadas institucionalmente de alta calidad, es la mejor señal que envían al sector. Así se motiva y se promueve la obtención de la acreditación institucional, puesto que, a mayor calidad verificada, los procesos ante el MEN se facilitan para las instituciones, y se fortalecen las condiciones y resultados de alta calidad en procesos de enseñanza, investigación y administrativos. Esto le dará al sector un dinamismo hacia la excelencia y una flexibilidad para la adaptación a los nuevos contextos. Esta política debe ser más general y no solo de emergencia.

Una de las fuentes de vientos de cambio es la pregunta por el tipo de formación que se espera de la universidad. Algunos, con mirada cortoplacista y utilitarista, pregonan por certificaciones cortas, que instruyan barata y rápidamente a la nueva mano de obra en las necesidades del mercado. Esta posición tiene una llamada de atención para las universidades: sus procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar más sintonizados con las necesidades de las empresas y organizaciones. Pero olvidan que la finalidad formativa de las universidades no es solo preparar a las generaciones de profesionales, sino también formar ciudadanos para la democracia. En este sentido es importante que se propicien procesos de formación integral que aseguren ciudadanos, colaborativos, solidarios, críticos e innovadores, y no solamente competentes en una materia.

El regreso a clases “sin aforos” compromete a las universidades a implementar espacios bioseguros gracias a la vacunación y cuidados, pero también habrá que analizar el proceso de aprendizaje de los estudiantes que iniciaron virtualmente y los que adelantaron casi cuatro semestres remotamente. Será capital apoyar las dinámicas de grupo para aportar alivios a la salud mental que tanto ha sido golpeada.