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No cesa el alboroto generado por la ruptura de las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel. Para ser sensatos, ¿qué más se podía esperar ante semejantes actos genocidas adelantados por el Gobierno de Netanyahu? Aunque a la fecha hay 31 naciones del sistema (ONU) que se niegan a ejercer diplomacia con Israel, en realidad la lista debiera ser superior. No obstante, en este agresivo conflicto que no es de buenos y malos sino de intereses, posiciones y demandas territoriales, Israel continúa con gran parte del mundo a su lado.
Colombia, representada por Gustavo Petro, determinó que no tendría más diplomacia con un gobierno que formalmente ha considerado genocida. Además de ello, otros argumentos expuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores aducen violaciones sistemáticas de derechos en la Franja de Gaza (territorio gobernado y dominado por Hamás desde 2007) que, en aras de objetividad, resultan ser argumentos evidentes para tal decisión. En suma, no habría razones para alarmarse con esta posición de Colombia en el ejercicio de su política internacional.
En el comunicado oficial emitido por la Cancillería, quedó claro que “Colombia es un país seriamente comprometido con la paz y rechaza y condena todo acto de violencia. Es un país que trabaja día a día para conseguir la Paz dentro y fuera de su territorio. En consecuencia, recientemente, el país se unió a otros 17 Estados para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes secuestrados por Hamás”.
Además, señala que “Colombia no puede ser cómplice ni guardar silencio manteniendo relaciones diplomáticas con un gobierno que se comporta de esa manera.” Y quedó expuesto que “Colombia tampoco puede ser indiferente al enorme e indescriptible sufrimiento humano que esto causa.” El contundente comunicado deja a Colombia del lado de las naciones que respetan el estado de derecho y protegen los derechos humanos, mientras exigen, a partir del rompimiento de relaciones diplomáticas, que las anomalías en la materia se aborden con urgencia manifiesta.
Pero, ¿y qué hay de Venezuela? Entre otros Gobiernos con los que Colombia hoy tiene nexos diplomáticos activos, el más destacado por la violación de derechos humanos, políticos y civiles es la dictadura de Nicolás Maduro. Esto para no enumerar otros Gobiernos con características similares. El Gobierno de Colombia ha hecho que el Estado adopte una posición incoherente en su ejercicio político internacional. Rompe con justa causa las relaciones con Israel, pero aplaude la censura y el encarcelamiento de opositores políticos, periodistas, sindicalistas y de todo quien se atreva a cuestionar las acciones y mandatos del dictador y su séquito de aduladores.
La incoherencia del Gobierno de Colombia es caricaturesca. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha denunciado en repetidas ocasiones los problemas de inseguridad alimentaria en Venezuela generados por la incompetencia y negligencia de la administración pública en ese país. A ello se suma un colapsado sistema público de salud y crímenes cometidos de manera sistemática a largo y ancho de Venezuela, que incluyen -de acuerdo con una misión verificadora de la ONU- de Lesa Humanidad. Aún hoy la Corte Penal Internacional prosigue con su investigación sobre dichos delitos, pese a los intentos del gobierno de suspender el proceso. ¿Qué hace Colombia sosteniendo relaciones diplomáticas con Venezuela, entonces?
