El Estatuto de Protección

Referirse en el país al Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos sigue siendo un asunto polémico y de reacciones, algunas inadecuadas otras más ajustadas a lo que el instrumento ofrece. Mucho de lo que rodea a la implementación del Estatuto sigue estando acompañado de incertidumbre, cautela y, fundamentalmente, desconfianza. Es una pena que ello siga sucediendo. Además, es lamentable también que se crea que en Colombia todo lo que provenga del Gobierno sea para atentar contra su propia sociedad.

Como es tradición, mucho de lo que en el país se ejecuta, a través de políticas (públicas), directrices y acciones gubernamentales, entra en conflicto por la falta de un ejercicio de socialización adecuado. Sin embargo, también es claro que en muchas oportunidades la socialización no falle porque el emisor no ofrezca el mensaje a tiempo y con el contenido adecuado, sino porque el receptor se desinteresa en recibirlo o, en el peor de los casos, gestiona premeditadamente para que nunca le llegue. En cualquier caso, es necesario que se conozca más información, no solo sobre el Estatuto, sino sobre cómo viene operando su implementación.

Así, resulta necesario una vez más definirlo. El Gobierno Nacional emitió el primero de marzo de este año el “Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de Protección Temporal”, mediante el Decreto 216. Con esta herramienta, se trazó como objetivo dar manejo a la difícil situación generada por el movimiento migratorio desde el vecino país hacia el territorio nacional.

Dicha disposición puede ser comprendida como la prolongación del Permiso Especial de Permanencia emitido en 2017, y extendido en reiteradas oportunidades, como mecanismo de facilitación migratoria para los venezolanos, y que se había convertido en un paso importante para atender a esta población, logrando el registro de 281.756 personas, según cifras gubernamentales.

Dentro de la estrategia de convertir el problema en una oportunidad (que no todas las personas entienden así), y ello para señalar que no es una dificultad que haya venezolanos en Colombia, sino que la migración es un problema real de las relaciones internacionales actuales, se han dado pasos importantes.

De acuerdo con lo ofrecido por el gobierno nacional y por el seguimiento que puede hacerse al tema a través de diversos canales, fue en mayo que se dio inicio a la primera fase de ejecución, en lo concerniente a la implementación del Estatuto. El procedimiento, relativamente sencillo, consistió en censar a la población venezolana radicada en Colombia, independientemente de su estatus de legalidad o ilegalidad, subiendo la información al Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv).

Sin embargo, el procedimiento y todo lo que rodea a la implementación de lo que se definió en el Estatuto, ha tenido tropiezos que no facilitan el logro de los objetivos planteados. El funcionamiento del sitio web de Migración Colombia presentó problemas. A ello se suma que hubo confusión por parte de los ciudadanos venezolanos acerca de cómo debían realizar la encuesta, principalmente en quienes habían ingresado a Colombia de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, ya que debían presentar una prueba de haber ingresado al país antes de esa fecha.

Ahora se dio inicio a la segunda fase, con objeto de formalizar el ingreso a la base de datos que permitirá al gobierno mayor claridad sobre las personas ingresadas a los formularios. Así, se avanza en la toma de muestras dactilares, fotografías y datos biométricos que faciliten la identificación de los migrantes. Para ello, con ayuda de la tecnología, se tiene previsto contactar a todas las personas para verificar que la información consignada sea real. El proceso sigue su marcha, y la estrategia de regularizar a los migrantes avanza, a pesar de quienes se nieguen a aceptarlo.