La política comercial en Colombia

Uno de los temas sensibles en las propuestas y programas de quienes aspiran gobernar en Colombia (y en el mundo) es la política de comercio exterior. Comúnmente conocida como la política comercial, ésta consiste en un conjunto de lineamientos, medidas e instrumentos que permite a los gobiernos tener control sobre los factores que intervienen en las dinámicas del comercio internacional. Sin embargo, dicho control es apenas parcial, en tanto existen variables externas que afectan el ejercicio del comercio global.

De acuerdo con lo anterior, los gobernantes se rodean de expertos en la materia (tecnócratas) para construir esa política comercial que inicialmente proponen para ser elegidos y que luego transforman en acápite del Plan Nacional de Desarrollo. Normalmente, se hace común encontrar una relación directa entre la política comercial y la exterior. Lo anterior, porque finalmente al ejecutarse la política exterior de los Estados, se pretende que el ejercicio de internacionalización arroje resultados favorables al sector exportador, a la atracción de inversión, la cooperación y un mejoramiento ostensible de las relaciones comerciales.

En Colombia, desde 1991, con el cambio constitucional, la tendencia en la generación de la política comercial hizo énfasis en el fortalecimiento del engranaje exportador. Los mercados internacionales se convirtieron en prioridad y, desde entonces, esta directriz no se ha modificado de manera sustancial. Sin embargo, en materia de resultados algunos Gobiernos han alcanzado mayor impacto que otros.

El Gobierno Petro ofreció algo diferente, en parte innovador, arriesgado e identificado con el discurso de la “izquierda progresista latinoamericana”. Dentro de su propuesta, la política de comercio exterior se enfocaría, desde sus inicios, en trabajar para el incremento de la inversión extranjera directa, IED, aunque con un condicionante. Ésta IED debería orientarse prioritariamente hacia proyectos y áreas vinculadas a los temas de desarrollo sostenible y transición energética. Sumado a ello, propuso la internacionalización de los territorios y una cultura productiva y exportadora desde los mismos. Esto, sin duda, resultó profundamente retador, en tanto los territorios tradicionalmente han estado alejados de estas realidades.

Además, la actual administración, ha propuesto un lineamiento macro para trabajar en la integración del país con toda la América Latina, el Caribe, África y Asia, para alcanzar con dicho ejercicio un multilateralismo activo y propositivo. La iniciativa apeló al logro de una internacionalización justa y equilibrada.

Lo anterior, como propuesta oficial del Gobierno, ha estado lejos de alcanzarse en treinta y dos meses de actividad. La inestabilidad en el Ministerio de Comercio lo constata. El discurso sobre una aplicación de “aranceles inteligentes” nunca se comprendió. Tampoco lo insistente de las “renegociaciones” de los tratados de libre comercio tuvo eco, ni partió del principio de realidad. El flujo de IED ha sido irregular, con un 2023 en ascenso interesante en relación con el año anterior, pero con un 2024 en notable descenso (reducción de 17,6%).

Actualmente, mientras el Gobierno Petro se prepara para enfrentar su último tramo, y con nueva cabeza ministerial, Colombia se mantiene a la deriva en relación con la implementación de una estrategia seria para enfrentar los retos de -y en-, los mercados internacionales. Todavía hoy se opera con el impulso que trazaron administraciones anteriores.