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De una política exterior inclusiva, congruente y humana, es de lo que se puede hablar cuando se hace referencia a la propuesta de un Estatuto de Protección Temporal para Migrantes que el Gobierno colombiano presentó la semana anterior. Sin duda, proponerlo es una de las más categóricas acciones de Colombia en su ejercicio de formulación de política exterior en lo que va del presente siglo. Esta vez, contrario a la tradición gubernamental en la materia, la estrategia ha sido bien calculada y se espera que los resultados redunden en beneficio de la sociedad colombiana, tanto en el mediano como en el corto plazo.
Aunque los antagonistas al Gobierno se alistaron para desvirtuar de cualquier forma el Estatuto tan pronto este se hizo público (así funciona la política en Colombia), rápidamente fueron quedando decepcionados, pues se encontraron con un ejercicio sensato que difícilmente podrían desacreditar. Acá algunas de las razones que fortalecen la decisión del Gobierno nacional.
En primer lugar, y más importante quizá, al revisar con cuidado lo que contiene el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los lineamientos de política exterior expuestos desde el inicio de la administración Duque, se encuentra un nivel de coherencia, casi inédito, que valida la decisión tomada. En relación con la cuarta, quinta y sexta acciones propuestas en el itinerario de la política exterior colombiana (PEC), el tema de la migración, las fronteras y la cooperación internacional se fusionan eficazmente en la estrategia planteada.
Y ello es positivo, de un lado, porque fue precisamente lo que sugirió el PND; y del otro, porque resulta absolutamente estratégico y beneficioso para Colombia plantear que el recurso humano que se ha movido del país vecino hacia el territorio nacional se inserte en todo proceso productivo, formativo y legal posible. Esto, a la luz de la lógica socio-económica, hará que la inestabilidad, inseguridad e incertidumbre de los migrantes pase a convertirse en un mundo de oportunidades para ambos lados del espectro.
Seguido de ello, e incluso a pesar de la xenofobia e ignorancia que se lee en redes sociales y medios de comunicación en general, la formalización de los cientos de miles de migrantes irregulares no solo les cambiará su vida, sino que permitirá un progreso importante para la sociedad colombiana. Es real que se trata de un avance definitivo hacia el objetivo de tener una migración regulada y segura, que claramente contribuirá al desarrollo del país.
En tal dirección, estamos ante un ejercicio diáfano de política exterior que, tal como la conceptualización de la misma lo demanda, forjará las condiciones para que algunas necesidades internas empiecen a satisfacerse, con la participación de actores internacionales que asistan la regularización de los actuales desarraigados.
En tercer lugar, el hecho de ofrecer esta oportunidad a los migrantes venezolanos en situación de irregularidad se conecta con la necesidad de vincular la política pública doméstica con el desempeño que en materia de política internacional ha venido adelantando el Gobierno nacional en el marco del multilateralismo. El ejercicio de gobernanza en el que Colombia participa, le ha generado algunos réditos, e importantes actores globales han expuesto su simpatía con la decisión que, de acuerdo con las primeras declaraciones, acompañarán tanto financiera como técnicamente.
Finalmente, pero no menos importante, el hecho de ofrecer un cambio de posición por parte del Ejecutivo, en relación con el manejo que le había dado al tema hasta la semana pasada, ha llevado a que la imagen de Colombia emerja y se convierta en interlocutor válido en un tema que es neurálgico en las relaciones internacionales contemporáneas. Aunque las estrategias de política exterior no se construyen con el objetivo de subir el prestigio, cierto es que ello ayuda a lograr consensos en favor de posiciones propias.
