La expansión del virus del atraco al poder del Estado

El ejercicio del poder es para servir, no para lucro y vanagloria de quien lo ejerza. La expresión colectiva del pueblo contra el populismo en eventos públicos, no es más que la manifestación de indignación e impotencia que siente todo ser al saberse atracado, robado, usurpado y engañado.

Dice el adagio: “Desde que las disculpas se inventaron a los gatos los amarran con longaniza”. Y es que ni la ignorancia, la torpeza o la maldad tan propias de las taras ideológicas, justifican el desconocimiento de la ley, de las responsabilidades gubernamentales y mucho menos las conductas dolosas estipuladas en los códigos penales, de acuerdo con los preceptos de las constituciones democráticas.

Nos atracaron de frente, a mano armada por medio del libertinaje aplicable a las organizaciones narcocriminales de todo tipo, hoy asociadas con los muchos políticos que elegimos democráticamente para cuidar del erario y conducir el Estado, en función del desarrollo y el crecimiento de las naciones.

Al pueblo, a la sociedad y a la institucionalidad regional Andina, de algunas naciones centroamericanas y también en España, se les están robando las libertades, la seguridad y el bienestar, la movilidad, la billetera y hasta las esperanzas.

Mientras los encargados de la conducción de los gremios, de la sociedad civil, las fuerzas armadas, los medios y los entes de control, los empresarios y todo tipo de organizaciones cívicas, eclesiásticas y comunales, nos desentendimos frente a la mutación de ilegalidad en legalidad; parece que el cambio consistió en desaparecer de la interpretación de los códigos penales, los delitos de: “prevaricato, peculado o malversación, concusión y cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito”, para convertirlos en las herramientas, según ellos, legitimas, de conducción del Estado.

Si el problema de Oriente Medio es el terrorismo y la violencia financiados por el fundamentalismo religioso, el nuestro en Iberoamérica no es otro que la degeneración y la corrupción política y económica a causa de la narcodependencia. Tristemente en ambos casos, la debilidad institucional termina con la aceptación de utópicas negociaciones con el terrorismo y la violencia dentro del marco de la legalidad, resultando la sociedad atrapada en el círculo vicioso de la impunidad que sólo multiplica la violencia.

Fue, atracando la constitucionalidad y la legitimidad del poder con el virus revolucionario cubano, que se instauraron las falsas democracias operadas por las narcocleptocracias autócratas y dictatoriales que actualmente operan cuatro de los Estados Bolivarianos y que hoy tienen en jaque la unidad de España.

El contagio castro-chavista nos llevó a realidad del Ecuador Bolivariano y a la de Colombia en la actualidad, consecuencia del inconstitucional acuerdo de Cuba que desconoció al constituyente primario y que, omitiendo la ilegalidad del crimen organizado narcoterrorista, en términos de DIH admitió la existencia falaz de un “conflicto armado”, lo que abrió la puerta al reclamo espurio del estatus de beligerancia, que a su vez conllevó a reclamar un inexistente derecho de rebelión, con el cual se justificó la concesión de impunidad y la conexidad de delitos que condonó arbitrariamente crímenes de sangre o de lesa humanidad y otorgó prebendas políticas a los delincuentes.

Lo anterior habilitó la multiplicación exponencial de bandas criminales en nuestros países, con lo cual se hace imposible la presencia del Estado en zonas de ocupación criminal y el control de la seguridad y la movilidad ciudadana, sin recurrir a medidas extraordinarias, si se quiere recuperar un Estado de derecho funcional.

Venezuela y Colombia fueron los laboratorios del nuevo sistema para inocular el virus del caos controlado por ideas narco-neo-estalinistas que amenazan las democracias del mundo cristiano. La diferencia entre los líderes que permitieron y promovieron la llegada del socialismo del siglo XXI con Ali-Baba, el leñador de la fábula persa que se encontró el tesoro en una cueva y le llenó las bolsas a los ladrones, es que aquel sólo atendió a una pandilla de 40 ladrones, mientras en la región Andina los alcahuetas del castro-chavismo dejaron abierta la puerta de la cocina para que entraran narcogobiernos a repartir el poder entre cuanto cleptócrata, resentido y delincuente pudieron recoger en las calles.

Aquí, mientras nuestro gobierno esparce el virus de la vida por las galaxias del universo, permite y hasta subsidia el de la muerte por todo el territorio nacional. Nadie medianamente normal y decente con dos dedos de frente, así haya votado por el cambio como lo hicieron muchos gomelos y mamertos, se trepa como maquinista en ese tren del cambio sin carrilera, pero tampoco podemos seguirle comiendo cuento a la mentira y el engaño de gobiernos cínicos, incapaces, que demuestran estar patológicamente enfermos y adictos a la irresponsabilidad, la improvisación y la psicodelia.

La región no aguanta más estar gobernada por seres ineptos, depravados, mañosos y desvergonzados, que se dan la gran vida y terminan siendo millonarios, ni por terroristas empedernidos que manejan la amenaza al empresariado y cercenan la libertad de expresión, de inversión y el emprendimiento, con la sutileza del corte de una cuchilla Gillette. El pueblo latinoamericano está harto de la dialéctica embustera del populismo, de un discurso demagogo que desprecia la verdad, mientras la conducta personal de sus gobernantes humilla la bondad y el intelecto del ciudadano e insulta la gente honesta y trabajadora que ve ya embolatadas sus capacidades y sus esperanzas.

La llegada un socialismo del siglo XXI confeccionado a la medida del narcoterrorismo criollo Cubano-Bolivariano, es pura hechura de los egos de expresidentes vanidosos y de dirigentes gremiales flojos y alcahuetes, que como único legado y herencia le dejaron a estos países una total inversión de los valores propios de la responsabilidad de la conducción del Estado y el manejo de la cosa pública.

No es tarde aún. Dependemos de la justicia y su capacidad de castigar judicialmente el estupro político, social y económico cometido. La gente desconfía del juicio político parlamentario pues, ni los legisladores ni quienes hoy ostentan el poder, han sido capaces de judicializar a los grandes proxenetas, ni a los cabecillas de las organizaciones narcoterroristas.

La región sigue pagando un gran costo de oportunidad inmenso, mientras quienes infestaron nuestras democracias de caos al confundir libertad con libertinaje, obligaciones con garantismos e igualdad con equidad, hoy se inventan la falsa teoría de la inmunidad internacional de los exmandatarios, con el fin de evitar el bumerán de la responsabilidad criminal vinculada con sus campañas y mandatos, con el caso de corrupción internacional de Odebrecht, y con el que recibió por debajo de la mesa de, ayudas y compensaciones a contratistas públicos y todo tipo de organizaciones criminales, terroristas y narcotraficantes.