8.000 x 2

Decía el empresario Carlos Pérez Norzagaray -como lo recordó hace unos días Gabriel Silva en su Twitter- que tumbar un gobierno era muy difícil, pero que un gobierno se cayera solo era bastante fácil.

El Proceso 15.000 que comenzó con las revelaciones de Daysuris Vásquez, la primera nuera de la Nación, que continuó con los bochornosos audios de la jefe de gabinete y su mentor y que ahora nos trae la confesión full monty del hijo del ejecutivo aportan los elementos para la conformación de un escándalo inédito.

Sabemos, porque ellos, las personas más cercanas al presidente de la República, lo han dicho, que en la campaña presidencial se movieron millonarias sumas -provenientes de narcos y contratistas cuestionados-, que el presidente sabía de por lo menos algunas de ellas, que estas pueden llegar hasta los “15.000 millones de barras”, que el hijo del presidente se quedó con una parte, que la jefe de gabinete tenía en su casa mucho dinero en efectivo y que su niñera hizo varios vuelos privados a Caracas trayendo y llevando mensajes y quien sabe que otras cosas más.

Valga de decir que nada de esto ha sido expuesto por la oposición política, la cual más bien se ha sentado en el balcón a presenciar deleitada el espectáculo de autodestrucción. Todo han sido heridas autoinfligidas de un gobierno carcomido por las intrigas, los celos, la corrupción y su propia incompetencia.

Lo que vendrá ahora será un reto para las instituciones, que básicamente tienen en sus manos el futuro del mandato presidencial. Porque a diferencia de escándalos similares del pasado (8.000 por 2 da cerca de 15.000) esta vez la violación a los topes de campaña trae consigo consecuencias penales y la pérdida del cargo. Es muy posible que en la medida en que avancen las investigaciones tengamos nuevas sorpresas: Day y Nico no serán los únicos que se van a “reventar” (fabulosa palabra del narcoléxico de los protagonistas) cuando la fiscalía les plantee un carcelazo de dos dígitos.

¿Se puede caer el presidente? La Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene en eso la última palabra. Dijo Petro en Sincelejo, después de la confesión de su hijo, que nadie podía “terminar con este gobierno sino el pueblo mismo”. Eso no es cierto. La constitución establece que el congreso, declarando la indignidad del presidente, puede dar por terminado el mandato.

La pregunta es si esto es conveniente. Decía Hernando Santos que los presidentes no se debían caer porque se nos caían encima. El caos institucional que se deriva de la terminación anticipada del mandato suele ser monumental. Solo es mirar hacia el Perú. El presidente es ahora un pato rengo, el escaso capital político con el que cuenta lo deberá gastar en defenderse. Mejor un Petro sitiado que un Petro victimizado. Por ahora no parece posible que pueda ejecutar sus nefastas contrarreformas. La oposición debería concentrarse en ganar las elecciones regionales de octubre, en desarrollar nuevos liderazgos y en plantearle al país una alternativa que lo devuelva a la senda de libertad y orden extraviada en este cuatrienio.