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Gustavo Petro, dicen algunas personas que lo conocen bien, nunca ha dejado su cambuche de guerrillero. No quiere esto decir que siga conspirando en armas. Las abandonó hace ya varias décadas, pero la paranoia y la inseguridad constante, el sentido de amenaza, junto con la sensación de conspiración perenne, eso persiste.
En un estrambótico trino de hace unos días, reproducido en varios idiomas como si fuera un SOS interplanetario, el Presidente de los colombianos anuncia una ruptura institucional y lanza un grito de ayuda para evitar que se materialice lo que les ha dado por llamar el “golpe blando”.
Esto no deja de ser una ironía, porque el que está capitaneando una sublevación de la constitución es el mismo presidente de la República y no la oposición.
Las investigaciones de la Fiscalía en contra de su hijo -denunciadas, valga decir, por la nuera del presidente- indican que la campaña presidencial recibió dineros clandestinos de dudosa procedencia. Así lo ratificó el nuevo embajador ante la FAO en una conversación con la jefe del gabinete presidencial. La cifra exacta: $15.000 “millones de barras” que no aparecen registradas en ninguna parte. Como tampoco aparecen los $500 millones que el sindicato de educadores le suministro a la campaña.
Desde 2017 violar los topes en la financiación de las campañas presidenciales es un delito. La Fiscalía actual lo único que está haciendo es cumplir con su deber de investigar unos serios indicios de actividad criminal e imputar a los responsables.
Algo parecido ocurre con la Procuraduría, la cual ha suspendido al Canciller básicamente por prevaricar en la adjudicación de un contrato. Lo más absurdo del tema es que el funcionario alteró un proceso contractual que él mismo había diseñado y cuyo resultado resultó siendo del desagrado del presidente.
Uno puede no estar de acuerdo con algunos aspectos de la arquitectura institucional colombiana. La figura de la Procuraduría, con sus potestades exorbitantes, salta a la vista. Pero es lo que es y los funcionarios del gobierno Petro no han sido los únicos disciplinados por la institución. Alfiles de Uribe, Santos y Duque fueron sancionados. Ordóñez destituyó a Andrés Felipe Arias, por ejemplo. Y todos ellos acataron con estoicismo las decisiones sin anunciar imaginarias rupturas del orden constitucional.
Petro desde su cambuche en la Casa de Nariño, en cambio, se ha puesto en pie de lucha. El trino multilingüe es un habilidoso ataque preventivo a sus contradictores, acusándolos de querer hacer lo que el presidente ya está haciendo, es decir pasarse por la faja el ordenamiento jurídico. La comunidad internacional no puede dejarse engatusar por este ejercicio de prestidigitación.
Los próximos días serán de alta tensión. Si el presidente procede a acatar la orden de suspensión de Leyva estaremos dentro de los confines constitucionales, así sea por un rato. Si, por el contrario, Petro insiste en su desconocimiento y lanza a sus seguidores a la calle a acosar a magistrados y fiscales habremos entrado en un camino cuyo destino será muy incierto.
