El reciclaje de la corrupción

De los mismos creadores del cartel de la contratación en Bogotá, llega ahora el escándalo de Centro Poblados. Según los reportes de prensa, repiten en los papeles estelares Emilio Tapia e Inocencio Meléndez, con la asesoría legal de Pino Ricci y un reparto de apoyo constituido por estrellas emergentes de la contratación pública.

Diez años después de destapadas las fechorías de los primos Nule, vuelve y juega: consorcios amañados, funcionarios cómplices o incompetentes, pólizas falsas, cuentas inexistentes, experiencia inventada, despilfarro de anticipos, tráfico de influencias y contratos que nunca se ejecutan o se ejecutan mal.

Y después de cada escándalo vienen reformas para que la situación no se vuelva a repetir. Se crean nuevos delitos, se aumentan las penas, se eliminan beneficios, se establecen nuevos requisitos para contratar y se imponen medievales regímenes de sanción disciplinaria y fiscal a los funcionarios.

Pero nada parece funcionar. Los corruptos no se disuaden con los cambios normativos porque operan en un universo paralelo donde las reglas que les rigen son muy diferentes a las del resto de la sociedad ¿De qué sirve pedir pólizas de cumplimiento, capitales mínimos y experiencia a los contratistas si la documentación suministrada es falsa? ¿De qué sirve aumentar las penas si los corruptos -como lo hizo Emilio Tapia- se acogen al principio de oportunidad para obtener sanciones irrisorias? ¿De qué les sirve a los entes de control castigar con la muerte civil y la ruina financiera a funcionarios de tercer nivel si estos fueron, en muchos casos, asaltados en su buena fe?

Estas medidas para lo único que sirven es para aplacar temporalmente la ira popular y para que los políticos que las promueven capitalicen electoralmente la indignación. Peor aún, el desbordamiento normativo y jurisprudencial legitimado por la lucha anticorrupción solo logra la parálisis de la administración pública.

Billones de pesos reposan en bancos por los kafkianos procedimientos requeridos para su disposición y el temor a perder el patrimonio personal o a verse involucrado en interminables investigaciones ha creado un profundo desincentivo para que personas idóneas y talentosas accedan a prestar sus servicios profesionales en el Estado.

Los Emilios Tapia de este país no les tienen miedo a las llamadas “ías”. Para ellos, estas son solamente un riesgo ocupacional. En cambio, por cada funcionario que renuncia intimidado o por cada joven que decide no hacer una carrera pública habrá siempre algún otro personaje siniestro dispuesto a vender sus servicios al mejor postor.

La lucha anticorrupción no se debe sustentar en más leyes ni regulaciones; ni en el otorgamiento de funciones exorbitantes a los entes de control; entidades elefantiásicas cuya efectividad, muchas veces prometida y pocas veces lograda, está por verse. Se debe fundar, más bien, en una reforma integral del sistema político que la facilita y no en populacheras medidas paliativas que hacen que la medicina anticorrupción resulte peor que la enfermedad.