Forma y contenido

“Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido” fue como explicó Petro a José Manuel Acevedo su proyecto de convocatoria de una constituyente por fuera de los canales institucionales.

Los que dudaban de los designios autocráticos del Presidente de la República es bueno se vayan bajando de esa nube.

En materia de juridicidad la forma es el contenido. Los derechos sustantivos no se pueden ejercer si no se siguen los procedimientos. Por mucho derecho que se tenga a algo, una demanda no va a prosperar si se presenta ante el juez equivocado, en el tiempo equivocado y por las razones equivocadas.

Ocurre todos los días. Por ejemplo, la corte constitucional, siempre ávida de reconocer y ampliar derechos ciudadanos, rechaza las demandas y tutelas cuando considera que no cumplen las formas correspondientes. Y, en consecuencia, esos derechos fundamentales que esos ciudadanos demandantes invocan quedan inmaterializados.

Así es como funciona el Estado de Derecho, el cual, por definición, consiste en una estructura jurídica reglada cuyo propósito esencial es la protección del ciudadano frente a los abusos por parte de quienes detentan el poder.

En los sistemas donde no media la formalidad jurídica, los derechos se otorgan o se niegan según el capricho del gobernante. Estos sistemas son típicamente despóticos. Piensen en las monarquías absolutas, las teocracias o las dictaduras en sus diferentes variantes. En todos estos casos la justificación del tirano es que encarna una voluntad superior, sea divina o popular.

Por eso Petro nos advierte: la decisión constituyente no es de él, es “la decisión de un pueblo”, que resulta “necesaria para que el país cambie”.

La anunciada violación de las formas jurídicas para avanzar la agenda política del actual Presidente no es algo menor. A estas alturas no basta con entrar en negación pensando que todo estará ok. O suponer, como lo hace el idiota-utilismo, que esto es un pataleo esperado ante la frustración legislativa del primer mandatario.

Estamos ante una ruptura institucional en ciernes, instigada desde la Casa de Nariño. Los funcionarios públicos, incluyendo el Presidente de la República, solo pueden hacer lo que la constitución y la ley les autorizan. Petro no es una especie de muñeco de ventrílocuo a través del cual habla el pueblo irredento, sino un individuo con agencia que esta conduciendo al país por un camino muy peligroso. Instrumentalizar la sustitución de la constitución por vías de hecho ha sido la causa de numerosas guerras civiles en nuestra historia.

En algún momento, si el delirio autoritario continúa, el Congreso tendrá que tomar cartas en el asunto. Cuando los funcionarios públicos intencionalmente exceden su autorización legal, cometen delitos. Si el Presidente es ese funcionario su juez natural es el congreso y procede la suspensión del cargo. Los acólitos del gobierno dirán entonces que se trata de un golpe blando o algo por el estilo, pero, al igual que el pastorcito mentiroso, cuando de verdad venga el lobo ya nadie les va a creer.