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Había una vez una Gran Alianza por el Cambio convocada por el presidente Andrés Pastrana para “lograr la paz a través del empleo” y “para ganar la lucha contra la corrupción a través de profundas reformas políticas y la persecución del delito”, según la descripción contenida en el manifiesto del movimiento.
Para finales de 1998 no había prácticamente ninguna fuerza política que estuviera por fuera de la iniciativa. Estaban a bordo los conservadores en pleno, los mockusianos, los cristianos y un pedazo grande del liberalismo disidente que prefería llamarse “renovador”.
Era una aplanadora portentosa. Con más de dos terceras partes del congreso montado en la alianza, la máquina legislativa era imbatible hasta que en marzo de 2000 estalló un escándalo mayúsculo que involucraba a la mesa directiva de la Cámara de Representantes.
El gobierno, agotado de dispensar mermelada, quiso volver un problema en una oportunidad y decidió que la manera de hacerlo era convocar un referendo para revocar al congreso. Enterada de las intenciones presidenciales la coalición explotó en mil pedazos y todo se complicó cuando los congresistas aceptaron la propuesta, pero adicionando en la revocatoria el mandato presidencial, lo que obligó al ejecutivo a recular y a recomponer el gabinete ministerial.
El presidente Pastrana aprendió la lección a las malas: es poco lo que puede hacer el gobierno sin el apoyo del congreso y con la resistencia de las cortes.
Las leyes se expiden a través del engorroso trámite legislativo no por manifestantes movilizados en las calles. Hasta ahora en Colombia no ha existido ninguna ley expedida en una barricada. Las facultades de control político son bastante amplias. La moción de censura en contra de los altos funcionarios del ejecutivo no se ha estrenado, pero tengan la seguridad de que se estrenará prontamente. El poder regional se deriva de la representación congresional. Un congreso hostil o indiferente aleja irremediablemente a las regiones del alcance del ejecutivo.
Este es el panorama al cual se enfrenta el presidente Petro habiendo dinamitado su coalición política. La movilización popular que tanto invoca no parece materializarse. Es fácil mover a la gente en contra del gobierno, bastante más difícil hacerlo a favor. Las mayorías parlamentarias armadas al detal, a punta de prebendas, son inestables. La plenaria del senado será el lugar donde muchas de las reformas petristas irán a morir. La influencia del ejecutivo en los eventuales nombramientos de fiscal, procurador y ahora contralor, además de los magistrados de la Corte Constitucional, donde usualmente el Palacio de Nariño tiene voz decisoria, se verá seriamente disminuida.
En vez de moderar sus propuestas y de recomponer un nuevo consenso político que abandone la radicalidad, Petro optó por la confrontación. Esto es un terreno inédito. Gobernar sin el Congreso es complicado. Si, además, se pelea con las cortes -a las cuales acusa de participar en un “golpe blando” en su contra- estamos frente a una tormenta perfecta que hará estragos en los próximos años.
