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Dentro de muy poco llegará un punto en el cual el Gobierno ni siquiera se tomará la molestia de inventarse excusas para justificar la inseguridad rampante que se enseñorea por el país.
Dirá, simplemente, que no es su problema. Que todo se debe a las causas estructurales generadas por doscientos años de “esclavitud oligárquica”. Y luego nos hará saber que solo con el desmonte de lo que han llamado el “capitalismo asesino” se obtendrá el nirvana social (y se salvará de paso a la humanidad). La única forma de vivir sabroso, en conclusión, será abrazando alguna versión del socialismo del siglo XXI.
Porque eso es lo que está detrás de la “paz total”: la convicción marxista de que el crimen no es más que una manifestación de las relaciones de poder capitalistas, donde la propiedad privada y la acumulación de capital hacen que el sistema sea inherentemente criminógeno. La ley, en esta cosmovisión, es tan solo un instrumento de protección a la clase dirigente. O, dicho en colombiano, la seguridad es solo para que los ricos puedan ir a las fincas.
Esto es ridículo, por supuesto. La seguridad es la base sobre la cual se edifica el estado de derecho. La criminalidad no es producto de las condiciones sociales ni de la pobreza sino de la incapacidad del Estado de asegurar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Empíricamente está demostrado que la pobreza no lleva al crimen (v.gr. la India). Más aún, asumir que la pobreza de alguna forma determina la criminalidad, como lo hace el petrismo, es asumir equivocadamente que los pobres por su condición son criminales en potencia,
Este gobierno ha emprendido un ataque sistemático a la potestad estatal para reprimir el crimen. Empezó con una purga estalinista en la fuerza pública que llevó al descabezamiento de una tercera parte del alto mando militar y policial. Es como si en una empresa se despiden al CEO y a todos los vicepresidentes y luego los accionistas exigen que se doblen las utilidades.
Pero la demolición es también jurídica. El galimatías de la “paz total” pone en la misma bolsa a insurgentes, disidentes, mafiosos, bacrims y hasta atracadores de barrio. Sin saber con quién hay o no hay ceses al fuego o de hostilidades, o a quién se le puede arrestar y a quién no, cualquier soldado y policía razonable prefiere quedarse en los cuarteles a ver la novela de las ocho que meterse en un problema. Este gobierno se ha encargado de que no se pueda perseguir ni a los jíbaros en las puertas de los colegios.
El abandono al ciudadano ya se está sintiendo. La extorsión es el pan de cada día, desde el vendedor ambulante hasta el terrateniente. Y los secuestros se han multiplicado exponencialmente. Verán como ante los reclamos desesperados de la opinión pública la reacción del gobierno será la indiferencia, seguida de una revictimización cínica de las víctimas alegando que su situación es causada por su propia negligencia. Escondidos detrás de lo que creen es un mandato popular para asegurar la paz insistirán hasta el final en una mano tendida, pero sin el pulso firme.
