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Todo parece indicar que el deseo del canciller Álvaro Leyva de involucrar a la Nación en un jugoso pleito con el adjudicatario de la licitación de los pasaportes -el cual seguramente se perderá, llevando a una acción de repetición en contra del octogenario funcionario- será una voluntad cumplida.
Se le notificará en la tumba el fallo, como él mismo lo ha solicitado, y seremos todos los colombianos quienes pagaremos por su monumental irresponsabilidad.
Lo importante en este gobierno parece ser la ejecución de los caprichos del caudillo sin importar las consecuencias de estos. Que nos quedemos sin pasaportes -como ocurrió antes de la prórroga forzada del actual proveedor, que es el mismo adjudicatario- les tiene sin cuidado desde que en la Casa de Nariño hagan un guiño aprobatorio.
Al igual que la millonaria demanda que se les viene encima, que la desestiman porque saben que el paganini será el ciudadano de a pie. El mismo que invocan para justificar sus locuras, pero olvidan rápidamente después, cuando el resultado de sus actos lleva a perjuicios irremediables.
Por ahora la sacrificada en la hoguera ha sido la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Martha Lucía Zamora, una funcionaria de reconocida trayectoria en el servicio público cuyo único pecado fue cumplir con su deber. Este, como el nombre de la institución que dirige lo indica, consiste en defender al Estado previniendo el daño antijurídico y actuando en los estrados judiciales cuando se alega consumado.
El presidente en sus declaraciones, explicando lo que para efectos prácticos fue una remoción de la funcionaria, sugirió que lo de los pasaportes no había sido la única desavenencia con la entidad.
Es fácil suponer que a Petro le mortifica que el Estado se defienda en muchas de las causas promovidas por simpatizantes de la izquierda. Existe en Colombia una robusta industria de litigio en contra del Estado que se ha hecho célebre y millonaria reclamando en los tribunales -sobre todo en las instancias internacionales- las faltas que se pudieran o no haber cometido durante décadas de conflicto armado.
Una claudicación de la defensa estatal en estos pleitos, que es lo que Petro y el Canciller desean y que la doctora Zamora como abogada del Estado intentaba evitar, tendría además de las consabidas consecuencias fiscales inéditas ramificaciones políticas. Con la Nación allanada a las pretensiones de los demandantes se les daría una victoria por W.O. a decenas de ONG, colectivos, fundaciones y simples oportunistas que han radicado miles de quejas y demandas en contra del país.
Consolidar ante la historia la falsa narrativa del Estado mafioso, asesino y oligárquico que Petro y Leyva intentan vender, con hasta ahora con poco éxito, recibiría una dosis de refuerzo cuando las instancias judiciales nacionales e internacionales empiecen a fallar a favor de sus cuates. Lo harán, recordemos, no porque en muchos casos existan méritos para condenar sino por la increíble razón de que en Colombia el demandante por arte de magia se ha convertido en el demandado.
