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Es una medida “que no tiene por qué ser catalogada como populista” explicaron los concejales proponentes de la iniciativa recientemente aprobada por el Concejo de Bogotá para aumentar el valor del predial de los clubes campestres, sociales y recreativos de la ciudad.
No se trata de darles duro a los ricos, aclararon, “simplemente, se trata de que el predial se ajuste a la progresividad tributaria: los que tienen más, ponen más”.
Suena bien el raciocinio sino estuviera mal. Esto es lo que en lógica llaman un sofisma, o sea un argumento falso con apariencia de verdad.
Resulta que el impuesto predial, en principio, no es un impuesto para los que tienen más. Eso, digamos, sería tal vez un atributo del impuesto al patrimonio, que además siempre se ha cuestionado como instrumento de recaudo. O del impuesto a la renta, ese sí, el verdadero impuesto a los ricos. Este impuesto a las ganancias ha sido la espina dorsal del recaudo tributario colombiano y, en un estado de bienestar, suele ser la herramienta tributaria por excelencia para nivelar las cargas y beneficios sociales.
El impuesto predial, que es el que pagan los propietarios de los bienes inmuebles no necesariamente recae sobre los más ricos. La riqueza contemporánea está basada no en el valor intrínseco de las cosas sino en su capacidad de generar flujos de caja. Es así como un unicornio puede valer un millardo de dólares sin poseer un solo activo tangible. En cambio, una empresa centenaria llena de lotes y bodegas puede valer cero.
Un apartamento en Rosales puede estar siendo habitado por una anciana con una miserable pensión o una finca en Sopó puede ser propiedad ancestral de una familia campesina paupérrima, ¿sería justo cobrarles a estas personas impuestos prediales que en la práctica les resultarían expropiatorios?
Porque ese es el verdadero problema de la iniciativa de los concejales: no se puede cobrar el predial según marrano, como en efecto pretenden. En la mira, por supuesto, están los clubes sociales más renombrados de la capital porque suponen equivocadamente que sus miembros tienen capacidad de sobra para pagar el predial. Quieren extraer rentas personales por la vía de gravar propiedades colectivas que no las producen.
Para lograr esta cuadratura del círculo incurren en entuertos que le pueden salir muy costosos a Bogotá. La manera de doblar el gravamen implicar aceptar que los predios de los clubes sean urbanizables. Esto es una tarea resbalosa, como lo demuestra el fiasco alrededor de la cancha de polo del Country Club, que puede costar hasta un cuarto de billón de pesos. Peor aún, la presión tributaria puede llevar a que los clubes se muden a otros municipios.
No solo se perderán las rentas, habiendo ahorcado la proverbial gallina de los huevos de oro, sino también las zonas verdes, las cuales serán necesariamente construidas. Solamente el terreno del Country Club paga en la actualidad $9.000 millones anuales y tiene más beneficio ambiental que todo el corredor verde propuesto sobre la carrera séptima. Hacer lo más, muchas veces, resulta en hacer lo menos.
