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Queremos refundar la Patria, dijo Petro en su reciente viaje al Pacífico colombiano. Bueno, no lo dijo exactamente con esas palabras, pero todos entendimos para dónde quería ir.
No contentos con cuatro años, la idea es que el gobierno del Pacto Histórico se extienda por “dos o tres mandatos presidenciales más”, como especificó la senadora Clara López, aclarando que 200 años de oligarquía esclavista no se acababan en un abrir y cerrar de ojos.
Espera uno que los promotores de la iniciativa no estén pensando en perpetuarse en el gobierno con Gustavo Petro a la cabeza. Constitucionalmente este presidente tiene fecha de vencimiento del 7 de agosto de 2026 y salvo una ruptura institucional (de la cual tendremos amagos cuando instalen la disfrazada convención nacional del ELN en los próximos meses) lo veremos en su casita más rápido que tarde.
El “Frente Amplio”, como designó la senadora López el esfuerzo político que se avecina para asegurar la continuidad, está en todo su derecho de intentarlo. Colombia, digan lo que digan, es una democracia robusta y está dentro de las reglas del juego que la coalición de gobierno -o mal gobierno, en este caso- aspire a la continuidad. Ya verán ellos cómo se organizan para intentarlo y si el pueblo les sigue la caña.
Lo que está mal es utilizar la palanca gubernamental, con todo su presupuesto y supremacía política, para muñequear la maniobra. En Colombia, el presidente tiene prohibido participar en política electoral. Los trinos de Petro proponiendo la fusión de la izquierda con miras a las próximas elecciones rayan en la prevaricación. Peor aún será la utilización de los cargos y dineros estatales para persuadir a los díscolos. En el mejor estilo traqueto, no será “plata o plomo” sino “mermelada o asfalto” para quienes opten por desviarse de la línea oficial.
Eso es exactamente a lo que se refiere el presidente cuando dice, como lo dijo en el Chocó, que la “tecnocracia debe seguir a la política” y no al revés. El mensaje presidencial es claro: la política va sobre todas las cosas. Se abrirán cuantas embajadas en París sean necesarias o cuantos viceministerios pidan los congresistas. El plano maestro para el desbordamiento burocrático en todo el Estado lo ofrecerá el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, mientras que el DPS de la eficiente Laura Sarabia irrigará con generosos subsidios estatales los feudos electorales de los escogidos.
Sin embargo, este derroche orgiástico solo garantiza un deterioro en la calidad de la gestión gubernamental. La sustitución de técnicos por lealistas, como está ocurriendo sistemáticamente en todas las entidades, explica por qué no se pueden realizar unos Juegos Panamericanos, ni sofocar los incendios, ni proveer pasaportes, ni pagar correctamente la nómina oficial.
Incompetencia a parte, no podemos decir que no estábamos advertidos. El esfuerzo petrista por refundar la Patria en el molde del socialismo del siglo XXI es una realidad. Es hora de que la oposición se organice si quiere evitar que los avances sociales de las últimas décadas sean demolidos.
