Slow-track

Resulta verdaderamente admirable la capacidad de este gobierno para producir malas ideas. La de esta semana es la reviviscencia del llamado fast-track, que fue una medida que se adoptó en el marco de los acuerdos de paz de 2016 para expedir algunas de las normas necesarias para implementar los acuerdos.

En resumidas cuentas, se creaba un procedimiento expedito para la aprobación de leyes donde se recortaban los trámites y se limitaba la iniciativa parlamentaria.

En principio, normas procedimentales como esta no tienen por qué comprometer la esencia de la separación de poderes ni violentar el estado de derecho. De hecho, el concepto del fast-track fue importado del procedimiento parlamentario de los Estados Unidos. Allí el legislativo le otorga plenos poderes durante un plazo de tiempo al ejecutivo para que negocie tratados comerciales con plena libertad. Los tratados así acordados son luego sujetos a una aprobación o negación simple, sin que se le puedan hacer modificaciones a lo negociado.

En su momento la Corte Constitucional encontró excesivo el diseño del fast-track criollo y recortó su temática, alcance y duración. La razón implícita de los fallos era que se temía que el ejecutivo pudiese abusar de las prerrogativas procedimentales para legislar a su antojo.

Aunque las decisiones de la alta Corte no fueron aplaudidas por el gobierno de ese entonces se aprendió a vivir con ellas. Nadie con una pizca de honestidad intelectual podría afirmar que el proceso de paz de 2016 se afectó de manera severa por las restricciones impuestas por la Corte. Simplemente hizo que su implementación fuera un poco más engorrosa.

Ahora Petro anuncia ante las Nacional Unidas que se ve en la obligación de desenterrar una versión del fast-track para cumplir con lo acordado en 2016. Supone uno que el anuncio ante el organismo busca alguna clase de validación internacional para su controversial idea, como si el Consejo de Seguridad fuese una corte celestial donde se otorgan indulgencias.

Lo que está detrás, sin embargo, nada tiene que ver con el proceso de paz y todo con el fracaso del petrismo para aprobar sus reformas. Este gobierno no tiene mayorías en el congreso suficientes para imponer su agenda y el presidente se niega a cambiar una coma de sus nefastas iniciativas. Ni la operación de soborno dirigida desde el alto gobierno durante el último año (si le creemos a Olmedo) fue suficiente para aceitar unas mayorías.

Como nada parece funcionarles -ni el prevaricato, ni el peculado, ni el diálogo, ni nada-intentan reencauchar una idea que no fue del todo buena en su momento y que hoy en día sería abiertamente inconstitucional. En vez de insistir en unos cambios que no tienen viabilidad e inventarse una aplanadora vetusta, deberían resignarse. Poco se aprobará de su agenda radical si no hay un viraje importante en los contenidos.

La realidad que impone la democracia parlamentaria cuando no se tienen las mayorías suficientes para legislar es la del slow-track. O las reformas se buscan a las buenas -es decir, cediendo y como Dios manda- o se archivan. Cualquiera otra ruta a lo que lleva es a la dictadura.