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La deforestación en 2024 podría alcanzar un récord histórico, según Global Forest Watch. A pesar de que el World Resources Institute reportó en 2023 una disminución de 49%, esta mejora no puede atribuirse a políticas gubernamentales. La verdadera responsabilidad recae en el Estado Mayor Central (EMC), que mantiene una significativa presencia en los parques naturales.
Históricamente, las Farc preservaron los bosques como estrategia vital para su supervivencia, aprovechando la densa vegetación que les ofrecía refugio. Sin embargo, tras su desmovilización, el gobierno de Juan Manuel Santos optó por reducir recursos y tropas del Ejército. Este repliegue permitió a los deforestadores aprovechar la situación, explotando la madera y transformando áreas boscosas en pastizales para la ganadería.
En 2019, el presidente Iván Duque lanzó la “Operación Artemisa” con el objetivo de frenar la deforestación, pero los resultados fueron decepcionantes. La coexistencia de múltiples planes de intervención complicó su implementación. Además, la falta de planificación dejó a las tropas desprovistas de la capacitación necesaria, generando tensiones con las comunidades locales.
Ante este panorama, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, decidió desmantelar la operación. De los 22.000 miembros de las Fuerzas Militares, solo quedaron 14.000 en los parques naturales, sin una misión específica ni recursos adecuados. Aunque la presión del EMC logró reducir temporalmente la deforestación, la ruptura de negociaciones a final de 2023 permitió que esta actividad floreciera nuevamente.
Con el aumento de cultivos ilícitos, la deforestación también se incrementa. Así, se establece un complejo mecanismo de lavado de activos: los ingresos generados por la producción de cocaína deben convertirse en dinero legal. Para ello, los narcotraficantes utilizan las ganancias del tráfico de drogas para adquirir terrenos en áreas deforestadas a precios irrisorios.
Una vez comprados, desplazan a la población hacia esos terrenos, involucrándola en actividades ganaderas. El ganado se traslada a predios en zonas no deforestadas, donde recibe vacunaciones y tratamientos veterinarios necesarios para obtener certificados del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Estos certificados son cruciales para la comercialización de carne y ganado, ya que no se expedirían si provinieran de áreas deforestadas.
De este modo, los narcotraficantes apalancan negocios legales, multiplicando sus ganancias en los mercados criminales. Este ciclo de triangulación financiera entre cocaína, deforestación y ganadería es complejo y requiere mecanismos sofisticados para su desarticulación. Sin embargo, la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf) se enfoca en la formación de oficiales de cumplimiento-una tarea que podría ser asumida por otra entidad-y no logra comprender ni impactar al crimen organizado.
En este contexto, encontramos a una ministra de Medio Ambiente que desmantela una operación militar contra la deforestación sin establecer mecanismos eficientes para combatirla. Mientras tanto, la Uiaf no entiende ni afecta al crimen organizado. Así, los criminales amasan fortunas que alimentan negocios multimillonarios, depredando el medio ambiente colombiano y poniendo en riesgo el futuro del país.
