MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
El presidente Gustavo Petro durante su posesión se comprometió con diez puntos, que componen su agenda de gobierno. En el punto seis, afirmó que protegerá a los colombianos, mediante la persecución de las estructuras criminales, junto con la modernización de las FF.AA., y enfatizó, que el indicador de éxito de la Fuerza Pública serán las vidas salvadas.
Esto, implica que capturas y neutralizaciones de líderes criminales, dejan de ser prioridad y ahora las FF.AA. serán evaluadas en función del descenso de los homicidios, y el desmantelamiento del crimen organizado.
Por su parte, el exministro de Defensa, Diego Molano, entregó un balance de 190 capturas, bajas de cabecillas de grupos armados, y el desmantelamiento de tres grupos armados (Caparros, Pelusos y Puntilleros). No obstante, los homicidios que venían en ascenso desde 2017, continuaron con esa trayectoria, y cierra con 26.1 homicidios por cien mil habitantes. Es decir, la operatividad de la Fuerza Pública, no ha mejorado las condiciones de seguridad de la población colombiana, en especial de las más afectadas por el conflicto.
Además, estructuras criminales como el “Clan del Golfo”, han logrado el control social y económico de varias regiones del Caribe colombiano. Esto, sin necesidad de hacer despliegue de hombres en armas, sino a través de milicianos que, armados de pistolas y en parejas pueden ejercer poder de intimidación, y golpear unidades de vigilancia de la Policía Nacional.
Asimismo, las 350 neutralizaciones de líderes criminales, no evitaron que las disidencias de las Farc (Gaor-R) crecieran según cifras reveladas por el ministro de Defensa saliente. Esta estructura criminal, cuenta ahora con 2.500 hombres armados, y 1.500 miembros de redes de milicianos. Es decir, no solo aumentaron su potencial de hacer daño a la población, sino que controlan una mayor cantidad de territorio.
En otras palabras, los logros operacionales de la Fuerza Pública, que son los más altos desde hace 15 años, no se tradujeron en salvar más vidas, ni en contener la expansión de las estas estructuras de crimen organizado.
Bajo este escenario, es evidente que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, deba cambiar la estrategia para cumplir lo ordenado por la Constitución. El punto es, que la reforma doctrinal que implica medir los logros de estas instituciones, en función del descenso de la tasa de homicidios, plantea varios retos. El primero, es que las FF.MM deben controlar carreteras y zonas rurales, y que la Policía fortalezca sus capacidades operativas, para realizar la persecución penal.
Finalmente, las áreas más complicadas en materia de seguridad no pueden ser controladas por la Policía, por la falta de esas capacidades operacionales. Mientras, las FF.MM. tampoco las controlan por considerar que el homicidio es un problema de seguridad ciudadana un factor ajeno a su misionalidad. Este es el meollo del asunto, que debe resolver el ministro de Defensa entrante, para poder medir el éxito operacional en términos de salvar vidas, y no seguir una estrategia de body count (conteo de bajas), que ha reflejado poco resultados para la seguridad de los colombianos.
