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En Cúcuta, se han protagonizado sendos hechos de violencia. En total han sido siete atentados que se pueden considerar de tipo estratégico, porque buscan desestabilizar el orden institucional. El más grave, el de los impactos con arma de fuego contra el helicóptero oficial del Presidente de la República, cuando hacia la aproximación al aeropuerto internacional Camilo Daza.
En la última semana, se ha producido nuevamente un atentado en inmediaciones de ese aeropuerto, que cobró la vida de Willian Bareño y David Reyes, intendentes de la Policía Nacional. Estos uniformados eran técnicos en explosivos, condecorados por su valor y experticia para desactivar bombas de alto poder, que emplean los grupos armados que operan en el Catatumbo (Norte de Santander). Aparte del dolor que produce el fallecimiento de los Policías, estos valerosos hombres poseían habilidades escasas en cualquier fuerza policial, o militar del planeta. Así, Norte de Santander ha perdido capacidades para desincentivar acciones terroristas con explosivos, que terminan siendo eficientes para el crimen organizado.
Sin embargo, es necesario comprender, de dónde surge el problema para formular una intervención de seguridad, que sea contundente para neutralizar el accionar criminal que se vive en la región de Catatumbo.
Por eso, es necesario remontarse a los acuerdos que realizó el gobierno Santos en 2015, cuando cedió al chantaje del paro cocalero para no llevar a cabo la erradicación forzada; bajo el supuesto que se haría la erradicación voluntaria por parte de los cultivadores de hoja de coca.
Efectivamente, el gobierno desembolsó los recursos, pero tras los humildes cultivadores está el ELN, las disidencias de las Farc y demás grupos armados que presionan a las comunidades, para evitar la acción del Estado. Asimismo, si alguien dentro de la población civil no está de acuerdo con el negocio ilícito, estos hampones terminan ejecutando a los Líderes Sociales de la región.
Los datos son reveladores, entre 2014, y 2020, los cultivos ilícitos crecieron en 477% en Catatumbo. Mientras, los homicidios con arma de fuego ascendieron en el mismo periodo en 40%. Esos dos fenómenos criminales están enlazados, y el primero, es decir, el narcotráfico explica el crimen violento de la región.
El gobierno del presidente, Iván Duque, ha comenzado a intervenir el Catatumbo, dando un mayor énfasis a la erradicación forzada manual. No obstante, el problema es de tal magnitud y dificultad, que cuando se sobrevuela la vereda Área Libre, municipio de El Tarra o Tibú, se aprecian cultivos de tipo industrial con una densidad poblacional cercana a cero. Así, que es del narcotráfico de donde vienen estos ataques terroristas.
La población de Norte de Santander está en riesgo inminente, por lo tanto, se debe fumigar con herbicidas de manera aérea y focalizada los cultivos de coca. No son humildes labriegos, los que colocan bombas demoledoras, asesinan técnicos de explosivos, o están dispuestos a derribar el helicóptero del Presidente de la República, son narcotraficantes. La Constitución es clara, la función del Estado es proteger vidas. Un Catatumbo libre de bombas está por encima de cualquier sesgo ideológico o pactos, que solo han traído muerte y destrucción.
