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La Policía Nacional de Colombia está en el ojo del huracán por la forma como ha tenido que afrontar la violencia que se ha dado, alrededor del paro nacional. El vandalismo, que el Escuadrón Móvil de Antidisturbios ha tenido que contener, ha llevado a que se cuestionen sus actuaciones. Lo que ha derivado, en que se plantee reformar la Policía, ambientado por voces de organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
El principal punto que ha expresado HRW es pasar el cuerpo de policía al Ministerio del Interior. Por lo tanto, su control estaría en cabeza de gobernadores y alcaldes. No obstante, este tipo de sistema policial, ya ha probado ser nefasto en países que enfrentan fenómenos de macro criminalidad de gran escala. El caso mexicano es revelador, tal como lo documentaron los periodistas María Idalia Gómez y Darío Fritz, quienes recibieron el premio Planeta, por establecer que el auge y fortalecimiento de los cárteles del narcotráfico de ese país, es producto de la relación entre narcotraficantes y policías municipales.
Seguir reformas de este tipo, solo le haría el juego al crimen organizado colombiano. El cual, se regocijaría por la disminución de la capacidad institucional y operacional de la Policía Nacional. Basta recordar la historia criminal del país. En 1989 asesinaron 28.284 colombianos, es decir, 79 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que convertía a Colombia en uno de los países más violentos del mundo. Mientras, en 2020, la tasa de homicidios fue de 23 por cada 100.000 habitantes.
Este descenso del crimen violento durante tres décadas, es fruto del trabajo y diseño institucional de la Policía Nacional, constantemente vapuleada, sin tenerse en cuenta el contexto y el tipo de amenazas criminales que enfrenta.
La policía sí requiere transformaciones, pero no impuestas por extrañas agendas políticas. Sino, por los lineamientos de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, donde están plasmados los cambios que requiere este cuerpo, y que se pueden compilar en cuatro puntos. El primero, es la profesionalización del servicio de vigilancia, con el objetivo de aumentar la confianza de la ciudadanía, así como realizar el despliegue operacional, en función de la evidencia emanada de la aplicación de recursos tecnológicos. Segundo. Diseñar un nuevo modelo de vigilancia, que sea más eficiente y permita desmantelar estructuras de crimen organizado. Tercero. Debido al estrés, al que están sometidos sus miembros, se debe fomentar la salud mental de los policías. Lo cual deberá reflejarse en la disminución de las quejas de los ciudadanos, por los malos procedimientos policiales. Cuarto. El aumento del pie de fuerza, con el apoyo de las alcaldías y gobernaciones del país.
El Gobierno tiene el mejor instrumento para hacer los cambios que requiere la Policía, y evitar que le impongan experimentos peligrosos. Por lo tanto, la Política Marco debería ser elevada al rango de decreto presidencial, para poder activar el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, a fin de atender la actual crisis de seguridad. Reformar la Policía, bajo las buenas intenciones de Human Rights Watch, es una muestra de fatal arrogancia que solo terminaría fortaleciendo el crimen organizado.
