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La reforma de la Policía Nacional se enfoca en la educación. Este proceso formativo está centrado en el desarrollo de habilidades para interactuar con la comunidad, en aras de brindar una protección efectiva.
La labor de la Policía requiere de habilidades especiales para poder servir a los ciudadanos. Sin embargo, el servicio de vigilancia que es la razón de ser de la institución ha sido la rama con menor cantidad de recursos. Mientras, antinarcóticos, investigación judicial (Dijin) y el servicio de inteligencia (Dipol) poseen los miembros mejor cualificados, así como una amplia red de apoyo internacional que les permite acceder a material que optimiza su servicio.
Esta situación formó dos tipos de policías. Una, altamente efectiva que es la punta de lanza del Estado, para debilitar grupos armados, desvertebrar carteles del narcotráfico y combatir el secuestro. Simultáneamente, la policía que patrulla las ciudades quedó rezagada en recursos y personal cualificado.
Así, el ciudadano percibe que la policía que patrulla su ciudad es diferente a aquella que captura a los grandes capos del narcotráfico. Es decir, hay una policía eficaz para combatir el crimen organizado; y otra, la que se ve en las calles y que no posee esas capacidades.
Ese desbalance es lo que la reforma de la Policía busca corregir. Por lo tanto, desde la Dirección de Planeación, se han enfocado para que la Policía de Vigilancia, que es la que interactúa con usted, esté a la altura de brindar seguridad.
Por esta razón, la reforma enfatiza en la formación en derechos humanos, que es esencial para mejorar la interacción social entre comunidad y Policía. No obstante, a diferencia de la educación que recibe un profesional en cualquier universidad, la de un policía es diferente en dos sentidos. El primero es que la toma de decisiones de un uniformado en situaciones urbanas reales, la realiza en una fracción de segundo. La segunda, es que sus actuaciones no son de tipo teórico o conceptual, sino que implican una relación con ciudadanos, que en ocasiones infringen la ley y sobre los cuáles debe hacer cumplir el ordenamiento jurídico.
Esta situación implica que en ciertos momentos deba emplear la fuerza. Por lo tanto, la reforma ha llevado a la creación del Centro de Estándares. Este es un escenario de educación realista que les permite a los uniformados aprender a tener control emocional para emplear la fuerza de forma proporcional y efectiva. Además, para disuadir el uso excesivo de la fuerza; la reforma contempla como graves faltas disciplinarias el ocultamiento de la identificación y el impedimento de la grabación de los procedimientos. Así, la ciudadanía es garante de las actuaciones policiales.
En conclusión, mientras jueces, fiscales, periodistas o blogueros pueden revisar los procedimientos tranquilamente, los policías deben aplicar la ley, de forma correcta en fracciones de segundos. Esa diferencia, hace imperioso que un policía deba tener una cualificación superior a la de cualquier profesional o servidor público. Por ello, el proceso de transformación que se ha venido realizando durante 78 jornadas de diálogo, en 22 ciudades y cuatro audiencias públicas en el Congreso, enfila a una revolución educativa dentro de la Policía Nacional.