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La alcaldesa, Claudia López, cree que tomar decisiones atrabiliarias, es la solución para controlar la inseguridad. Sin embargo, los resultados son reveladores, en el último año el hurto a personas ascendió 10% y automotores en 13,4%. Entre tanto, su gestión solo alcanza una aprobación de 29%.
Simultáneamente, se han dado dos hechos terroristas durante el mes de marzo. El primero, contra la Estación de Policía de Sierra Morena. El segundo, tuvo como blanco el CAI de Arborizadora Alta. Estas dos acciones cobraron la vida de dos niños y 39 personas resultaron heridas.
La localidad donde se dieron estos actos es Ciudad Bolívar, zona con influencia del microtráfico. Allí, se concentra gran parte de los homicidios de Bogotá. Por lo tanto, la primera hipótesis es que estos atentados son producto de disputas por rentas ilegales y tendrían como objetivo dificultar la acción que vienen realizando las autoridades, contra estas bandas criminales.
Como consecuencia de las cifras de inseguridad y los atentados terroristas, se formularon dos paquetes de medidas; uno destinado a reducir los delitos; el segundo, a prevenir actos terroristas urbanos. Así, las medidas contra el terrorismo se centran en aumento de patrullajes de la Policía en puntos que pueden afectar la infraestructura crítica de la ciudad; despliegue de capacidades de investigación judicial para dar con el líder del Frente 33 de las Farc, quien habría ordenado los ataques. Asimismo, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) debe rastrear movimientos atípicos de dinero, desde cualquier parte de la geografía nacional con destino a Bogotá.
Estas medidas aciertan en la persecución financiera. No obstante, la capacidad de la Uiaf es limitada, debido a los pocos recursos que han destinado los distintos gobiernos en la persecución de las finanzas criminales. Además, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que debería ser autónoma y con un enfoque de persecución contra el crimen organizado.
A la vez, es equivocado destinar los mejores recursos de investigación judicial en la persecución de un líder criminal fácilmente reemplazable. “John Mechas”, cabecilla del Frente 33 de las Farc, es un objetivo táctico que atañe a la Fuerza de Tarea Vulcano que está desplegada en el Catatumbo. Por ende, los mejores investigadores judiciales tendrían que estar desmantelando el crimen organizado que opera en Ciudad Bolívar, Usme y la localidad de Mártires.
Por otra parte, la alcaldesa Claudia López colocó restricciones que no solucionan los problemas, pero crean tensión social con la Policía Metropolitana de Bogotá. Así, prohíbe el acompañante de motocicleta los jueves, viernes y sábados.
Eduard Martínez, Michael Weintraub y Leonardo Bonilla, investigadores de la Universidad de los Andes, demostraron que las restricciones al uso de la motocicleta desvían la atención de la Policía; no reduce delitos y produce desplazamiento espacial y de horarios en la comisión de los crímenes. Al mismo tiempo, es una medida que impone costos a la ciudadanía.
El delito se combate con asignación de capacidades, buenas relaciones con la Policía y, sobre todo, con evidencia científica que permita realizar intervenciones eficientes para dar seguridad a los ciudadanos. No con autoritarismo y restricciones a las libertades.
