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En el transcurrir de la vida todos cometemos errores. Ya sea porque estamos de prisa y nos volamos un semáforo en rojo, porque respondemos la llamada importante que recibimos en una sucursal bancaria, no separamos la basura en casa o buscamos amigos en la fila para que nos dejen colar. Todos estos errores son esto, errores, y normalmente los castigos se limitan a una multa o una acusadora mirada social.
En ocasiones, estos pequeños errores generan castigos desproporcionados. El policía de turno, de manera ilegal, nos depara una noche en la comisaría, el guarda del banco nos confisca el celular o nos sacan del teatro. En estos casos, a pesar de que cometimos un error, tenemos derecho a que el castigo sea proporcional, sobre todo si este último se puede interpretar como un abuso de autoridad.
El caso de Luis Felipe Gómez, despedido por Avianca por recibir un brindis en un estadio en el Mundial de Rusia, refleja más la historia del abuso de autoridad que la de cometer un error. Con seguridad el desproporcionado castigo de Avianca, según la compañía basado en el compromiso con sus valores, tiene pensando a sus pilotos y sus empleados en que tan desarrollado está uno de los valores más indispensables en una compañía, su humanidad.
La inflexibilidad demostrada, el asumir de manera unilateral la condición de juez supremo sin siquiera escuchar al implicado, iguala a la compañía con el guarda de la sucursal bancaria que decide confiscar un celular, eso sí mediando una indemnización por despido injustificado, léase bien, injustificado.
Los usuarios de la aerolínea se preguntan hoy si la cancelación unilateral de un vuelo o el desconocimiento de los derechos de los pasajeros es una manifestación más de la deficiencia de la compañía en el valor humanidad. Tranquilo Luis Felipe, de pronto hasta le hicieron un bien.
Los casos de matoneo institucional son más condenables si se realizan con la aquiescencia del Estado. En el caso del edificio Acuarela de Cartagena, la horrible mole de 32 pisos que se erigió en la vecindad del castillo de San Felipe, el matoneo estatal fue, por lo menos, despreciable.
No se trata aquí de discutir si el edificio debió haberse construido o no: una panorámica desde la bahía ratifica que su existencia acaba con la vista de la Cartagena colonial, sin criterio estético o histórico que lo justifique.
El matoneo consiste en que fueron las instituciones estatales las que permitieron que se construyera y los privados los perseguidos. La Unesco amenazó al gobierno colombiano con quitarle a Cartagena su condición de patrimonio de la humanidad si la torre no es derrumbada, fue Troya, y el Estado persiguió al constructor, su arquitecto y el curador, personas que no tienen velas en ese entierro.
La Alcaldía emitió las licencias de construcción en debida forma, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena y con un concepto favorable del Ministerio de Cultura.
El pecado está en que este último incumplió, desde 1998, con su responsabilidad de formular un Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp), lo cual impidió que se incorporaran medidas de protección del Castillo de San Felipe en el POT y que se construyera el edificio. Señor Procurador Carrillo y señor Fiscal Martínez: ¡qué bueno sería que sancionaran a los funcionarios del Ministerio de Cultura que no sacaron el Pemp en vez de matonear a los privados metiéndolos a la cárcel tres semanas sin razón alguna!
