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La semana entrante se posesiona el nuevo gobierno. Lo hará en medio de un ambiento político complejo. Por un lado, no tiene mayorías sólidas en el Congreso; por otro lado, cosechará allí algunos frutos ácidos, producto del estilo de oposición que ejerció el partido del nuevo gobierno mientras estuvo en la oposición: ese estilo fue calificado por la última edición del semanario Economist como “implacable y con frecuencia desleal”.
En medio de esa coyuntura, una vez más habrá que reformar el estatuto tributario. Con el vencimiento de algunos impuestos transitorios y en ausencia de una reforma, el recaudo será insuficiente a la vuelta de un par años. Y además, el presidente electo prometió en campaña reducir los impuestos que pagan las empresas en Colombia.
Reducir los impuestos que pagan las empresas no es una idea exclusiva de Colombia. Si uno compara las tasas de impuestos corporativos de los países de la OCDE vigentes en el año 2000 con las actuales encuentra que todos sus miembros excepto Chile, las redujeron: el promedio de esas tasas superaba el 32% a comienzos de siglo y ahora está por debajo de 24%. La de Estados Unidos bordeaba el 39% hasta hace pocos meses y ahora no llega al 26%. La de Colombia es la más alta entre los países de la OCDE y cuando expiren las sobretasas vigentes será la segunda más alta después de la francesa.
Los impuestos a las empresas, en una economía globalizada, le señalan a las multinacionales dónde es más conveniente producir desde el punto de vista tributario y dónde les conviene legalizar sus ingresos. Si no hay una coordinación entre los países, cada uno por su lado se puede beneficiar ofreciendo impuestos empresariales más atractivos que sus vecinos. Esa coordinación por ahora luce muy improbable y por tanto es de esperar que batalla a batalla esas tarifas vayan cayendo.
Apartarse de esa pelea puede ser muy costoso para la economía en el largo plazo. Así que bienvenido el debate sobre la reducción de impuestos corporativos en Colombia. Pero esa es la parte fácil de la tarea. La compleja es pensar en mecanismos de tributación que sustituyan esos ingresos. El candidato más obvio son los impuestos a los ingresos de personas naturales.
Todas las personas naturales mayores de edad deberían declarar sus ingresos ante la Dian, buena parte de estas debería pagar impuestos sobre esos ingresos y la progresividad de esos pagos se debería incrementar significativamente. Nuestro recaudo en ese frente no llega a la cuarta parte del de nuestros pares de la OCDE medido como porcentaje del total de impuestos. El éxito de la propuesta presidencial de reducir el impuesto a las empresas y no rezagarnos en la carrera global, depende de su capacidad para convencer al Congreso de la parte difícil de la tarea. ¡Éxitos!
Adenda: Fernando Quijano, director de La República, me llamó hace nueve años a ofrecerme este espacio de opinión. Ocuparlo ha sido una tarea gratísima a la que pongo fin con esta columna para asumir el reto de escribir en las páginas dominicales de El Espectador. Le agradezco profundamente a Fernando y al diario la libertad con la que me dejaron escribir. Me voy sin una queja, con nostalgia y un enorme saco de aprendizajes. Los textos se escriben para los lectores. Los echaré de menos. Ojalá algunos aprovechen que no hay edición dominical de LR y visiten mi nuevo espacio.