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Una emisora radial presentó esta semana los testimonios de varios oyentes, usuarios del sistema de pensiones de ahorro individual. Los testimonios tenían un denominador común: la pensión que recibirán es sustancialmente menor a la que esperaban.
Al comienzo de la sección, los comentarios de los periodistas parecían apuntar a que los fondos de pensiones estaban estafando a la gente. Tuvo el buen tino, la emisora, de contactar a un abogado experto que con paciencia desarmó los ánimos.
En el régimen de ahorro individual, los trabajadores tienen cuentas personales en las que se acumulan las contribuciones a lo largo de su vida y sus rendimientos. Cuando un individuo se quiere jubilar, el fondo calcula la pensión sobre la base de ese saldo, no sobre el sueldo que haya recibido recientemente.
El sistema tiene la ventaja de ser financieramente sostenible: cada quién recibe una pensión proporcional a su ahorro. Contrario a lo que muchos creen, las ganancias de los fondos privados no están dadas por los rendimientos de esos ahorros, que pertenecen a los usuarios, sino por comisiones cobradas sobre los flujos de las contribuciones.
El abogado señaló que algunos usuarios hubieran podido tener mejores pensiones si se hubieran informado a tiempo sobre la posible conveniencia de trasladarse al sistema de prima media administrado por Colpensiones, donde la pensión no depende de los ahorros hechos a lo largo de la vida, sino del salario sobre el que se cotizó en los últimos diez años. Los usuarios pueden cambiarse de fondo, por última vez, diez años antes de la edad de jubilación (57 para mujeres y 62 para hombres).
Tiene razón el abogado. Pero los sistemas de pensiones existen justamente porque los humanos tenemos miopía a la hora de planear finanzas en horizontes de tiempo tan prolongados. El sistema debería estar diseñado a prueba de nuestra miopía.
El sistema de ahorro individual, que apenas va a cumplir un cuarto de siglo operando, tiene pocos pensionados. A medida que empiece a subir el número de contribuyentes en edad de pensión, el descontento generado por la brecha entre lo que esperaban recibir y lo que realmente recibirán se generalizará como sucedió en Chile.
Es previsible que ese descontento empuje a muchos contribuyentes que aún están a tiempo de hacerlo a migrar al sistema público.
Esa migración tendrá consecuencias importantes.
En el corto plazo, será una buena noticia para las cuentas fiscales porque a Colpensiones le entrarán los saldos de los migrantes. Sin embargo, el Estado estará haciéndose a un pasivo a largo plazo que esas contribuciones no van a cubrir porque en el sistema público las pensiones pueden superar los saldos contribuidos. El cheque a los pensionados, que ya le cuesta al Gobierno un tercio del recaudo, se engordará aún más.
La otra consecuencia relevante de la migración será sobre el mercado de valores que en Colombia depende en buena medida del ahorro de los trabajadores en los fondos privados de pensiones.
A la fecha, ese saldo supera los $230 billones, una cifra equivalente al Presupuesto General de la Nación.
El lunar más notable del Gobierno saliente es no haber lidiado con la bomba pensional. El tiempo para hacerlo se empieza a agotar. Si el Gobierno entrante no la hace pronto, la decepción entendible de un número creciente de nuevos pensionados y la explotación política de la misma estallará y dificultará enormemente la solución.
