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Llevábamos varios meses en los que la retórica anticorrupción se estaba tomando el espacio político colombiano. Plataformas políticas disímiles en muchas dimensiones de fondo aparecían en campaña con voces unívocas anticorrupción. Los hechos de estos últimos días, que dejan claro que las principales campañas presidenciales de los últimos años recibieron financiamiento ilegal por parte de multinacionales extranjeras, sumado al llamado a juicio de responsabilidad fiscal por los sobrecostos de Reficar a varias docenas de directivos y miembros de las Juntas encargadas del negocio, le han dado alas nuevas a esas voces.
El debate ha sido pobre y se reduce a la concepción de que hay cientos de canallas y ladrones en los cargos de poder que lo utilizan para lucrarse ellos y favorecer a sus allegados. Según el discurso que toma fuerza, solo hay buenos y malos. Los colombianos, argumentan, hemos elegido a los malos y la solución a todos nuestros problemas está en elegir a los impolutos. No importa, nos dicen, si las ideas que defienden en temas de fondo son las convenientes, ni si al interior de esas campañas hay incoherencias profundas sobre qué y cómo debe hacer las cosas el Estado. Basta, según nos dicen, con elegir a aquellos que sí son honestos. Me temo que ese va a ser el tema que determine las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales.
La decepción del electorado será grande. Por un lado, los impolutos que lleguen al poder descubrirán rápidamente que gobernar va bastante más allá de ser buena gente. De otro lado, como en cualquier organización grande, habrá siempre malandros. Sus mandatos no escaparán a la aparición de nuevos escándalos de corrupción de algunos de sus miembros. Si sus agendas están sustentadas en la retórica de “nosotros sí somos honestos”, esos hechos dejarán sin plataforma a sus mandatos.
Y claro, en el camino habrá una gran cacería de brujas que se olvidará de las complejidades en la toma de decisiones en política pública, de sus circunstancias y sus matices. Ya empezamos a ver algo de esto: esta semana la Contraloría abrió un juicio fiscal por los sobrecostos de Reficar y metió en la bolsa de los que deberán responder con sus patrimonios a cuanto miembro de Junta de Ecopetrol y Reficar encontró en los últimos tres gobiernos. La gradería aplaudirá cuando les manden las cuentas de cobro sin importar si la mayoría de esos miembros tomó en cada momento del tiempo las decisiones que consideró apropiadas (honestamente) con la información que había en ese momento y teniendo en cuenta las consecuencias de las opciones alternativas.
Y mientras tanto, ¿quién habla sobre qué hacer con el sistema pensional que absorbe más de la tercera parte del recaudo total del Gobierno y lo reparte entre unos pocos afortunados (el 62% de los pensionados pertenece al quintil más rico de la población)? ¿qué hacer con la creciente tensión entre los derechos de la salud vía sentencias judiciales y la bolsa de recursos para financiarlos? ¿qué hacemos con el gasto militar cuyo monto dobla al del resto de América Latina? ¿cómo lograr que una porción más significativa de los más afortunados paguemos impuestos personales apropiados? En educación terciaria, ¿el rol del Estado se debe enfocar en subsidiar la oferta o la demanda?
Alejandro Gaviria suele recordarnos que la “demagogia es una forma de corrupción”. Cabe agregar que demagogia anticorrupción también lo es.