Carrera desigual

Imaginemos: vamos a correr la final de los 100 metros pero es una competencia que no garantiza igualdad de condiciones para todos los atletas: unos tienen un solo zapato, a otros le dan varios metros de ventaja y otros están a un paso de la meta, pues las reglas se personalizaron.

Similar a este escenario es lo que hoy sucede en el sector de telecomunicaciones en el país, en el que los operadores móviles Movistar, Tigo y Claro, que cuentan con red propia, están compitiendo por acceder a un “pedazo” del espectro, autopista de varios carriles en la que la señal viaja a una velocidad y distancia determinada.

Pues bien, la subasta planteada en esa carrera es la de 700 MHz o “bandas bajas”, una de las más adecuadas para llegar a los usuarios de telefonía celular porque ofrece una mayor cobertura y calidad y es donde, actualmente, solo Claro y Movistar tienen participación.

TigoUne, en tanto, solo cuenta con un zapato, pues únicamente tiene espectro en “bandas altas” y, para competir a largo plazo, debería tener prelación en la licitación siendo el único que, invirtiendo hace años en infraestructura propia, no puede operar en esas bandas. 

Como en toda competencia, hay unas reglas de juego que se fijan inicialmente: desde 2012 se establecieron para el espectro, definiendo topes de participación con el fin de promover la libre competencia. Esto llevó a que, luego de la fusión de TigoUne en 2014 la Compañía tuviera que devolver parte del espectro por solicitud del Gobierno.

Sorprende ahora que, en esta nueva subasta, el mismo Gobierno pretenda cambiar las reglas aumentando esos topes, dando más ventaja a los operadores que ya tienen “bandas bajas”. Eso se traduciría en una especie de “impulso adicional” en la carrera -continuando con la analogía-, porque desde hace años los otros operadores tienen un recurso que les permite prestar servicios con menor inversión.

Así, no solo no se promueven condiciones equitativas, sino que se refuerza una situación que TigoUne ha enfatizado: la senda de consolidación de un monopolio privado como resultado de los problemas de competencia reflejados en que un solo agente de mercado concentre la mayoría del tráfico y los ingresos, así como gran parte de los usuarios.

Este panorama obliga a que la subasta de espectro se enfoque en la promoción de la competencia y no en el recaudo. Por eso, la propuesta de la subasta de espectro en esas condiciones se convierte en una contradicción de las mismas entidades reguladoras que la promueven, en el que desde 2012 dibujaron un escenario que ahora cambian, restringiendo la libre competencia que aseguran promover. 

Esto tiene como perjudicados directos a los usuarios, que ven una oferta limitada. Incluso, un estudio de Fedesarrollo de 2015 concluyó que la falta de competencia en los servicios móviles produce una pérdida de bienestar a los colombianos de $8 billones, cifra muy superior a los $770.530 millones que se recaudaron en la pasada subasta de 4G.

Si la preocupación de Colombia es ingresar a la Ocde, será vital considerar este panorama, pues dicha organización recomienda establecer condiciones preferenciales para quienes no tienen espectro en “bandas bajas”, además de precisar que los procesos de asignación de espectro pueden balancear al mercado, o por el contrario, profundizar las falencias que existen. Adelantar la subasta en las condiciones propuestas desconoce los criterios.