Un enemigo silencioso

El sector de las TIC en Colombia tiene un enemigo silencioso que sigue afectando sus operaciones. Se trata de organizaciones delincuenciales que se han especializado en el hurto de cobre, fibra, baterías y equipos de telecomunicaciones. Es necesario persistir en las iniciativas que involucren de lleno a la comunidad para enfrentar este flagelo.

Las redes sociales se han convertido en el canal de atención más críticos y efectivos para que los usuarios reporten casos de fallas en la prestación de los servicios de las empresas de telecomunicaciones como consecuencia de estos hechos. En cuestión de minutos, los casos de fallas masivas son puestos en conocimiento de las compañías, pero toma horas resolverlos, para que el consumidor tenga continuidad en su servicio.

Recientemente, llegó un caso en la ciudad de Barranquilla: el servicio de internet y televisión estuvo intermitente durante todo un fin de semana. Consulté con mi equipo y, una vez más, la explicación de la falla nos excedía.

En la zona donde vivía el usuario, que reportó la falla por Twitter, habían extraído más de 500 metros de fibra. Aunque logramos solucionar el inconveniente en cuestión de horas, gracias a la eficacia de nuestros profesionales, el daño afectó a más de una decena de hogares. Contactamos al usuario y explicamos en detalle lo ocurrido y sobre todo las implicaciones que tiene para nuestra operación el hurto de infraestructura.

La situación es compleja. El sector de las TIC es uno de los más afectados por este delito, con más de 111 mil casos ocurridos en 2017. El cable de cobre y las baterías siguen siendo los artículos más codiciados, por la demanda que tienen tanto en el país como en el exterior.

Para dar un ejemplo, las baterías son claves para que la prestación del servicio móvil se preste en todo momento, y al estar instaladas resultan un importante botín para los delincuentes.

En lo corrido de 2018 se han presentado 770 eventos en las redes fijas y 532 en las redes móviles de TigoUne, así mismo 4.404 baterías han sido hurtadas de nuestra infraestructura, elementos que permiten el correcto funcionamiento de los servicios que prestamos en todo el país.

El tema de fondo es la afectación que sufren los usuarios y sus familias. En TigoUne hicimos un estudio que nos permitió determinar que el tiempo promedio de recuperación del servicio que falla por robo de la red de cobre es de 29 horas.

En cuanto a las redes móviles cuando sustraen las baterías, los equipos quedan dependiendo de la continuidad del servicio de energía, que en algunas zonas del país presentan muchas deficiencias y fallas.

De acuerdo con nuestras cifras, el diagnóstico es retador. Hace unos años, el robo de infraestructura de telecomunicaciones se limitaba a particulares que robaban y vendían cobre de forma artesanal.

Actualmente existen organizaciones delincuenciales que tienen conocimientos técnicos del sector y claridad de cómo comercializar la infraestructura y aparatos que hurtan a lo largo y ancho del país.

Hemos identificado que para los robos de infraestructura actúan dos tipos de líderes: uno operativo y otro técnico. El primero, tiene conocimiento suficiente para organizar el personal y el segundo, es especialista en redes energía.

Usualmente, se requieren entre tres y cuatro personas para hacer el desmonte y transporte del material hurtado. Esto implica, además, que las organizaciones delincuenciales necesitan de al menos una hora para completar los hurtos, lo hacen en las noches vestidos como nuestros técnicos, suplantándolos. También se determinó que este comercio puede ser internacional, ya que la demanda de fibra, cobre y baterías es alta fuera de Colombia. .

Tenemos en nuestras manos el diagnóstico del problema. Ahora, tenemos la responsabilidad de insistir en los trabajos conjuntos que se han realizado entre el sector y las autoridades (administrativas, policiales, y judiciales) para desarticular estas bandas ya tristemente reconocidas como “las del cobre”.

Así mismo, es necesario hacer dos llamados: el primero a las autoridades aduaneras: hemos identificado que la demanda principal del cobre proviene de mercados asiáticos.

Debe existir un endurecimiento en la identificación plena de los exportadores, de los compradores, el origen del material, el destino. El segundo llamado es para la estructura de policía y judicial. Hay que persistir, actuando al momento del hurto e imponer penas y sanciones proporcionales a la afectación de infraestructura crítica para el país.

Pero también es necesario involucrar a las comunidades, para que ayuden denunciando las irregularidades que vean en sus barrios. Nuestros usuarios son claves para que las autoridades puedan actuar frente a estas organizaciones delincuenciales.

Somos los primeros en dimensionar la afectación de un hogar o una empresa que pasa más de cinco horas sin servicios de internet o televisión, pero al mismo tiempo somos los primeros en levantar la mano y pedir toda la colaboración para enfrentar a este enemigo silencioso.