Un juicio muy político

Las garantías procesales, no solo son la base del Estado de derecho sino que constituyen el fundamento de la noción de justicia que sostiene la civilización. Negarlas, tratándose de quien se trate, solo supone el rechazo de los principios neurálgicos de la sociedad occidental y de la protección que cualquier ciudadano tiene ante un poder absoluto y selectivo, usado discrecionalmente, por parte de quien ostente la fuerza del Estado. Las garantías lo son, en la medida que aplican para todos y dejan de serlo cuando encuentran la posibilidad de consentir contemplaciones en función del sujeto. Que de eso no quede duda.

El día de ayer el país fue testigo de la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación decide acusar al presidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La acusación se da tras la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo y después de que el mismo ente solicitase dos veces la preclusión. Pero, aunque el cambio repentino de postura de la Fiscalía genera cierto tipo de inquietudes, lo que debería estar concentrando la atención de cualquier demócrata es dónde quedan las garantías que son bastión del proceso jurídico, frente a los afanes políticos que han permeado el sistema.

No hay que ser uribista para entender que en este caso han sido violados uno a uno derechos y principios que distorsionan el ejercicio y la majestad de la justicia. ¿Dónde queda la presunción de inocencia contenida en el artículo 29 de la Constitución cuando se asimila indagatoria con imputación?, ¿Dónde queda el derecho a defenderse en libertad cuando se dicta una medida de aseguramiento privativa de la libertad, tendenciosa, frente a alguien que ha estado presto a encarar su proceso y que no representa, a todas luces, un riesgo para la sociedad?, ¿Dónde queda el derecho a un juez imparcial cuando están corroborados públicamente los vínculos de varios de los magistrados con opositores expresos del expresidente e incluso las animadversiones personales de dichos magistrados ante el mismo?, ¿Dónde queda el derecho a la intimidad cuando a Álvaro Uribe Vélez se le interceptaron sus comunicaciones durante más de 32 días, supuestamente por una “equivocación” y se le violó la privacidad que blinda las comunicaciones entre abogado/cliente? ¿Dónde queda el principio de la lealtad procesal cuando a los abogados del expresidente les fue negada de forma reiterada la existencia del proceso y solo supieron de este hasta el día que fue llamado a indagatoria, todo esto mientras varios medios amigos de los magistrados filtraban información?

El debido proceso existe para que cada ciudadano, independientemente de quién se trate, tenga exactamente los mismos derechos cuando se ve abocado a enfrentar a la justicia. Esa es una garantía que nos da la Constitución, y pensar que puede ser selectiva arropa una peligrosidad demoledora y una complicidad silenciosa que vulnera el Estado de Derecho. Esto no solo se trata de Álvaro Uribe Vélez, y en eso tenemos que estar de acuerdo. Esto se trata de que politizar la justicia es minar el baluarte de la democracia y es un peligro para todos. Sin excepción.