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Desde los 11 años los niños muestran disposición a involucrarse en actos corruptos. Así lo revela un estudio elaborado por María Ibarra, Sofia Romero y Juliana Rubiano de la Facultad de Sicología de la Pontificia Universidad Javeriana, con base en un taller con 327 niños y jóvenes y el objetivo explorar la relación entre corrupción y aversión a la inequidad en alumnos de colegios y universidades de Bogotá.
Para esta investigación se les planteó a los menores de edad la hipótesis de postularse como candidatos a ser representante del curso y como estrategia para ganar se propuso la posibilidad de invitar a los demás estudiantes del salón a comer pizza o recibir un bono de una tienda de juguetes.
El 38,94% de los estudiantes dijo que estaría dispuesto a cometer un acto corrupto siempre y cuando traiga beneficio directo. Si no está garantizado este beneficio tienden a rechazar las propuestas de corrupción. Sin embargo, 55,7% reveló alguna tendencia hacia la posibilidad de obtener beneficios.
No es una intención espontánea o voluntaria, pero si es inducida y bajo influencia puede dar resultados preocupantes, entre otras cosas porque los corruptos eventualmente influyen en la conducta de los demás, sobre todo cuando existe vulnerabilidad.
El nivel social influye. Cuando las personas sienten mayor injusticia frente una distribución inequitativa existe mayor disposición a hacer cabildeo. Y ante la pérdida de confianza aparecen sentimientos de impotencia ligados con la búsqueda de opciones que sobrepasan la legalidad.
En un país con inequidad los riesgos son mayores. En el caso de los adolescentes de los estratos más bajos son ellos los encargados de asumir responsabilidades en sus hogares cuando hay ausencia de alguno de los padres, y en muchos casos tienen la carga de garantizar la subsistencia de las familias.
Las estructuras criminales les ofrecen a los jóvenes ingresos, pertenencia a un grupo y reconocimiento, los cuáles debería proveerles la sociedad desde la infancia para que puedan desempeñar una función activa y participativa en su entorno y evitar que desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.
La Oficina del alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU recomienda formular en todos los niveles de gobierno planes generales de prevención y ejecutar actividades por conducto de la familia, la comunidad, grupos juveniles, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias.
Las autoridades tienen la obligación de dar a todos los niños y jóvenes acceso a la enseñanza pública que les provea de principios, les permita encontrar respuestas y oportunidades a sus necesidades, les enseñe a convivir y compartir con respeto y compromiso, valorar la independencia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Es por ello la importancia de actualizar los pénsum en los colegios de nuestro país, para que pueda los jóvenes, desde temprana edad, aprender valores y oficios, como en los Colegios Amigos del Turismo, donde se les provee a los alumnos orientación práctica sobre ese sector aplicable al salir del colegio y a la vez se les infundan valores. Hay que reducir las probabilidades de que las semillas de la cultura de lo fácil germinen desde temprana edad, evitar que se pierda el norte y queden presos en un círculo vicioso de ilegalidad.
