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Definitivamente en Colombia debemos actualizar las políticas que rigen el mercado laboral. Esta actualización debe construir cimientos que permitan proyectar al país con herramientas eficientes y confiables para mantener y generar empleo, atraer inversión y ofrecer oportunidades sostenibles a largo plazo, especialmente para las nuevas generaciones y para las mujeres.
Sin embargo, la propuesta actual de reforma laboral y los decretos que al parecer prepara el Gobierno no contienen estos avances, más bien los limita.
El ejercicio de establecer una política de la envergadura de una reforma laboral debe darse, por su naturaleza legal y la sustancia de los cambios, desde el Legislativo. Aunque el proceso conlleva ajustes, recortes y añadidos de diversa calidad la Constitución establece un proceder dentro de los principios democráticos que no pueden ignorarse y todos los ciudadanos, sin excepción, debemos acatarlo y cumplirlo.
No podemos debatir si es el Congreso el camino adecuado para discutir este tipo de reformas o si el Gobierno puede arrogarse atribuciones que no le corresponden. La Constitución Política, faculta al presidente para “ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, pero no le faculta a expedir leyes distintas a reglamentar las existentes en la medida en que las mismas lo establezcan.
Adicionalmente, aún si el proyecto de reforma no tuviera los evidentes posibles vicios anotados, es claro que el texto como está en este momento podría tener importantes consecuencias negativas para el mercado laboral y la actividad empresarial, en temas como:
1. El derecho a huelga puede afectar la continuidad, calidad y cobertura de los servicios públicos esenciales.
2. En cuanto a la negociación colectiva ampliaría excesivamente el alcance y los efectos de convenciones colectivas, extendiéndolas automáticamente a empresas con características objetivas disímiles y menos grandes.
3. En cuanto a la tercerización e intermediación laboral, implicaría para las Pymes un aumento directo en los costos laborales extralegales o convencionales insostenibles, implicando costos adicionales que podrían llevar a despidos, reestructuraciones y cierres. Y para los profesionales independientes significaría una limitación y persecución de su actividad por tercerización ilegal, además de afectar la libre competencia.
La mejor forma de lograr políticas necesarias para el beneficio de los colombianos es cumpliendo los procedimientos democráticos, fomentando la discusión, análisis y concertación entre todos los actores en los espacios establecidos, como la Comisión Constitucional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
Es igualmente importante honrar los acuerdos alcanzados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre los contenidos del proyecto para la próxima legislatura como lo demanda el deber ser, y continuar con el trámite de manera consensuada porque se trata de una reforma que podrá tener un impacto tan positivo como negativo según como se apruebe.
Estamos comprometidos con las reglas de la democracia y en ese sentido debemos completar todas las reformas que requiere Colombia. La mesura y el sentido común de nuestros líderes debe primar para el logro mayor que es forjar un país moderno, justo y próspero.
