El peso de la incertidumbre

En los momentos de mayor dificultad se hace más evidente la importancia de contar con instituciones sólidas y liderazgos guiados por la sensatez, el diálogo y la estabilidad. Más allá de las legítimas diferencias propias del ejercicio democrático, la conducción de un país requiere objetivos claros, políticas consistentes y una acción pública coordinada. En contraste, la incertidumbre política está generando un peso negativo que desalienta la inversión y frena el desarrollo de Colombia, impulsada por los cambios frecuentes en los equipos de gobierno, la falta de consensos legislativos y la ausencia de señales claras para los mercados, configurando un entorno de desconfianza que limita el crecimiento económico.

La economía global vive una reconfiguración marcada por tensiones geopolíticas, avances tecnológicos y retos climáticos. En este escenario, Colombia debe mantener estabilidad macroeconómica y aprovechar oportunidades de relocalización e innovación. Sin embargo, las señales mixtas sobre reformas estructurales y sectores clave como petróleo y minería han aumentado la cautela entre inversionistas y empresarios.

A ello se suma la percepción de fragmentación institucional. La alta rotación en los ministerios y entidades del Estado, la falta de continuidad en la ejecución de políticas públicas y las tensiones dentro del Gobierno han dificultado la planificación a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, los desafíos persistentes en materia de seguridad, así como la desaceleración del comercio exterior y la inversión extranjera directa, han contribuido a que Colombia registre, por segundo año consecutivo, un crecimiento por debajo de su potencial. En 2023, el PIB creció apenas 0,6%, según el Banco Mundial, y las proyecciones para 2025 son moderadas.

Uno de los ejemplos más evidentes de incertidumbre lo representa la transición energética. Si bien el país ha manifestado su compromiso con una ruta hacia fuentes renovables, dicho proceso se ha desarrollado sin una hoja de ruta que armonice la sostenibilidad ambiental con la económica. La ausencia de gradualidad, realismo y articulación con los sectores productivos ha generado alertas sobre los posibles costos de esta transformación, particularmente para regiones donde la minería y el petróleo son fuentes fundamentales de ingresos fiscales, exportaciones y empleo. En este sentido, el país corre el riesgo de sufrir una transición desordenada que termine en retrocesos.

Un gobierno que piensa en la nación como un todo, se caracteriza por su capacidad de propiciar consensos, proteger los derechos ciudadanos y consolidar avances institucionales. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, preservar la independencia de los poderes, asegurar transparencia en la gestión y fomentar el diálogo social son pilares para la consolidación democrática y una economía dinámica.

Ya está ampliamente documentado que la incertidumbre sostenida impacta negativamente el bienestar de los ciudadanos y la capacidad productiva. Si no se recupera la confianza, difícilmente se reactivará la inversión ni se consolidará el crecimiento. Nada impulsa tanto el desarrollo como la confianza, y nada pesa más sobre el futuro que una incertidumbre persistente. Por eso, construir certidumbre no es solo una aspiración institucional: es una urgencia nacional.