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Una de las curiosas particularidades de la economía colombiana es que va bien o mal según quien la analice. Entre los mismos empresarios no hay unanimidad.
Según una encuesta de la Andi, 64,6% de los industriales considera la situación actual de su empresa como buena. Pero, aunque la percepción sobre el clima de negocios sea positiva, prevalece en el ambiente empresarial cierta sensación de incertidumbre, alimentada por la falta de certezas jurídicas y una permanente tendencia del Estado a cambiar las reglas del juego, a la enorme capacidad que tienen los poderes para fabricar normas, decretos y leyes que mutan en la medida en que transitan.
Si bien el Gobierno se ha esforzado para reducir gran cantidad de trámites y agilizar otros tantos, la falta de coordinación en la interpretación de los mismos a través de los funcionarios de turno, donde cada quien aplica lo que entiende, muy acorde con el santanderismo que a veces nos gobierna en Colombia, opaca la gestión para optimizar los procesos de las empresas y los ciudadanos.
El sector productivo colombiano y los inversionistas extranjeros están muy atentos a la actualidad política. En los círculos empresariales es evidente la preocupación por las tensiones en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por el deterioro en el orden público, el aparente aumento de la inseguridad y por asuntos coyunturales como los paros de los indígenas, o de los educadores o de los camioneros.
Hay evidente expectativa por la inminencia de nuevas reformas tributarias, mientras que las reformas laboral y pensional quedaron en suspenso, y siguen sin definición clara varios asuntos pendientes como la propiedad intelectual, la chatarrización y el control de los cultivos ilícitos.
Si bien los datos que ha dado a conocer la Andi en materia de industria hablan de un crecimiento, varias empresas observan con cautela el comportamiento de los consumidores como consecuencia de los nuevos impuestos. Para todos es sabido que el eje de la economía es un consumo continuado. Si baja el consumo, hay una reacción en cadena que nos afecta a todos. Seguridad y confianza son dos asuntos fundamentales para la salud económica y el dinamismo productivo.
Los empresarios esperan tener reglas claras y de largo plazo para proyectar sus planes de negocios con tranquilidad, generar empleo, transferir conocimiento e invertir con certezas futuras. Los frecuentes cambios y la voluble normatividad generan incertidumbre, pérdida de confianza. Los capitales son flexibles, se mueven con facilidad y vuelan como golondrinas hacia donde hay mejor clima y ecosistemas apropiados para su subsistencia.
Hay que reconocer que en estos ocho meses que está a punto de cumplir la administración del presidente Iván Duque destaca su voluntad de ofrecer mejores condiciones para que las empresas sigan siendo el motor del progreso del país, su disposición para escuchar a los empresarios y la cercanía de sus funcionarios, en todos los niveles, para atender e intentar resolver las inquietudes del sector privado.
Desde el empresariado, sus gremios y las entidades que les representamos estamos con toda la disposición de trabajar conjuntamente para fortalecer la confianza con todas las ramas del poder público para el planteamiento y puesta en marcha de iniciativas que beneficien a todos los sectores.