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Es fácil aprovecharse de las redes sociales para saturarlas de mensajes, opiniones y promesas. Lo difícil es transformar esas palabras en acciones concretas con impacto real. Por eso cuando los hechos hablan las palabras sobran.
Y dentro de lo cómodo que se ha vuelto proponer ideas y arremeter contra los empresarios para acusarlos de los males nacionales, lo que el sector productivo ha demostrado una y otra vez ha sido su compromiso, que va más allá de las palabras, que ha sido fundamental en la construcción del país, no solo por el empleo, sino también por las iniciativas de bienestar, sostenibilidad y desarrollo social que promueven.
Un ejemplo de ello sucedió en 1954, cuando un grupo de empresarios antioqueños, preocupados por la situación económica de sus trabajadores, decidió voluntariamente entregar un subsidio monetario a los empleados con hijos, lo cual dio origen a las cajas de compensación familiar en Colombia.
No fue una campaña publicitaria ni un eslogan, sino una acción concreta, lo que mejoró la vida de miles de trabajadores y sus familias.
Y en este contexto vale la pena preguntarse: ¿hasta dónde llega el compromiso del sector privado y dónde empieza la responsabilidad del Estado? Ha sido una cuestión ampliamente debatida y nunca definida. El sector empresarial ha demostrado su voluntad y capacidad para aportar al desarrollo nacional, sin embargo, también es necesario que el Estado cumpla con su parte.
De cualquier manera, no cabe duda de que la acción mancomunada y armónica entre el sector privado y el público es la llave para abrir la puerta del desarrollo. Pero tiene que haber un adecuado equilibrio.
Aunque en Colombia no hemos definido de manera clara dónde está ese punto de equilibrio -y no obstante ello- desde hace tiempo el empresariado colombiano entendió que tiene una responsabilidad social clara, un compromiso con la equidad y la certeza de que un mayor bienestar de los ciudadanos redunda en la fortaleza del país.
La eficiencia no se mide por palabras ni por redes, sino por resultados. Y los resultados del sector privado colombiano están ahí, visibles y tangibles, contribuyendo al engranaje productivo y social del país. Es hora de que reconozcamos y defendamos con contundencia el valor de esos hechos y sigamos construyendo juntos un futuro mejor para todos. Y subrayo la mención de que seamos juntos y todos.
Hay que dejar de lado los discursos y mensajes inocuos, y concentrarnos en acciones concretas, medibles y verificables. Y no se trata de acciones gota a gota, ni paños de agua tibia, se trata de ejecutar acciones contundentes con base en el consenso, en el debate respetuoso, en encontrar soluciones sin querer imponer ideologías.
Los consensos, base de la democracia, serán fundamentales en lo que viene de reformas, y no apenas con congresistas, sino que debe desplegarse a todas las instancias de todos los estamentos. Si realmente se quiere hacer un acuerdo nacional, donde todos quepamos, se debe trabajar en consensos y no imponer una definición amañada de consenso.
Como lo dijo de manera elocuente alguna vez el presidente Carlos Lleras Restrepo: “el desarrollo del país depende de un empresariado fuerte y comprometido, pero también de un Estado que brinde las condiciones necesarias para que esa fortaleza económica se traduzca en bienestar para todos”.