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Hace diez años Colombia ocupaba el puesto 28 entre 184 países en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage. Hoy está en el puesto 84, lo que supone una pérdida de 56 puestos, 22 de ellos sólo en el último año, lo que significa que vamos hacia atrás, con riesgos de empeorar.
En 2015 nuestro puntaje fue de 71,7 sobre 100 puntos posibles, hoy nuestra calificación es de 59,2, según la última medición que acaba de publicar la organización estadounidense: pasamos de ser una economía de “libertad moderada” a una “mayormente no libre”.
El estudio señala que una “excesiva intervención del Estado en la economía ha resultado en un aumento de regulaciones y un ambiente cada vez más restrictivo para el desarrollo empresarial”, lo cual ha expandido la incertidumbre en el mercado.
Los analistas explican que este retroceso disminuye la capacidad de la administración pública para resolver sus prioridades, en particular con los pendientes sociales, amenaza el bienestar económico en el corto plazo y compromete el futuro.
Es importante que los individuos y empresas puedan tomar decisiones económicas sin interferencia excesiva de los gobiernos para garantizar la eficiencia y motivar la innovación y la creatividad para desarrollar nuevos productos, servicios y procesos que satisfagan las necesidades del mercado.
Además, la libertad económica estimula el emprendimiento porque el optimismo del mercado fomenta los nuevos negocios, promueve la competencia, reduce los precios y mejora el servicio al cliente.
El sector privado colombianos no pide desregularizar, ni obtener libertades sin control, por el contrario, propone una sinergia permanente que equilibre el sistema productivo, que se produzca riqueza para que haya empleo, que se mejore el talento humano y la innovación.
No se necesita ser un experto en ciencias económicas ni un analista agudo para saber que una mayor intervención gubernamental desencadenará mayores regulaciones, controles de precios, nacionalizaciones u otras medidas que podrían limitar la libertad de los individuos y contraer el tejido empresarial a su mínima expresión.
Desde la apertura al comercio internacional de la década de los años 90, Colombia ha hecho una labor juiciosa para fortalecer la libertad económica, ha buscado su integración a la economía global a través de acuerdos de libre comercio, ha promovido las exportaciones, la cooperación y las buenas prácticas.
También ha implementado reformas para liberalizar su economía y mejorar el clima de negocios, como la simplificación de trámites administrativos, la reducción de barreras para la creación de empresas y la promoción de la inversión extranjera.
Gracias a su seriedad macroeconómica, Colombia ha afrontado con éxito desafíos económicos internos y externos -como la volatilidad en los precios de los commodities-, así como los efectos nocivos del narcotráfico y la guerrilla, o la inestabilidad política en la región y la pandemia del covid-19.
Estamos cayendo en libertad económica en la búsqueda de un nuevo modelo intervencionista y para evitar que se convierta en una bola de nieve recesiva, máxime en un contexto de desaceleración económica, es necesario reactivar el empuje productivo de las empresas y tener un gasto público conveniente, consecuente y preventivo, para que la falta de libertad no desemboque en un conflicto social sin salida.
