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Colombia cuenta en muchos ámbitos con un exceso de regulación que impide una gestión eficiente tanto por quien controla como quien ejecuta las acciones reguladas. Ese exceso de regulación ha llevado a que sea mejor no cumplir con las leyes por la incapacidad de cumplirlas y que el país tenga dificultades de mejorar su ubicación en los índices de libertad económica.
En el ranking que hace The Economist sobre las competencias de los países para atraer inversión de nearshoring o relocalización, Colombia saca un puntaje de 4,5 sobre 10, principalmente por la poca eficiencia de sus políticas, que en lugar de promover la inversión la limita. Es un llamado a que se haga más gestión y crear condiciones para una regulación permanente, diligente y eficiente.
Como en muchos países en desarrollo, en Colombia existe una tendencia a responder a los problemas o desafíos con nuevas regulaciones sin evaluar completamente su necesidad o impacto. Es el caso de la nueva ley 1165, o estatuto aduanero, donde en vez de aplicar la ley y hacer gestión para el cumplimiento se establece mayor regulación que limitara el comercio exterior tan necesario para el desarrollo en tiempos de desaceleración.
El exceso de regulación implica más obstáculos y costos adicionales para empresas, desincentiva la innovación, aumenta la carga administrativa tanto para el sector público como para el privado, congestiona y entorpece los procesos logísticos y empuja hacia la informalidad para eludir las pesadas cargas que se imponen.
Las regulaciones son necesarias, por supuesto, nadie quisiera un mercado desregularizado, de lo que se trata es de tener un régimen claro, transparente y que facilite la dinámica económica del país, que su gestión fluya sin andar por los recovecos de la desconfianza ni con barreras innecesarias. Es más sensato modernizar y fortalecer los recursos y capacidades en las agencias de control y articular a todas las entidades gubernamentales en el mismo propósito.
También se puede complementar con el desarrollo de pilotos para cumplir con las regulaciones establecidas y determinar dónde están los obstáculos o las fallas para mejorar. Los proyectos piloto permiten probar cómo funcionaría una nueva regulación en la práctica, identificando posibles problemas, necesidades o fallas antes de su implementación a gran escala, permite que las regulaciones interactúen con la realidad del mercado y la sociedad, posibilita los ajustes a las regulaciones basándose en los resultados del piloto para ser más efectivas y menos intrusivas y además involucra a las partes interesadas (empresas, consumidores, gobierno) en el proceso de formación de regulaciones.
Tenemos que dejar de resolver la falta de capacidad de gestión con más regulación, ser conscientes que estos procesos cada vez más van llevando al país a una ineficiencia que le resta competitividad y certidumbre para lograr que se dé la inversión y el buen desarrollo de los procesos productivos tan necesarios para el crecimiento de Colombia.
Se requiere que pensemos más en un enfoque integral que aborde las raíces de la ineficiencia, incluyendo la falta de recursos, la necesidad de mejorar la capacitación y la tecnología y controlar los factores como la corrupción, el contrabando, la informalidad que son factores que nos mantienen en la retaguardia de desarrollo.