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Colombia ha avanzado en la inclusión social y la equidad de género, pero tiene muchos pendientes por resolver, comenzando por las brechas históricas y el profundo abismo entre el campo y las ciudades. Una somera mirada sobre nuestros territorios rurales nos muestra mujeres marginadas, sin empleo remunerado, con sobrecarga de labores domésticas, responsables por el cuidado de hijos y cercanos, sin salud, sin educación, sin acceso financiero, como si continuaran en los tiempos coloniales. El olvido histórico del campo estimula la emigración e interrumpe el relevo generacional, los jóvenes desertan al mundo urbano, abandonan las tierras, lo que pone al país frente al riesgo de no tener suficiente y estable disponibilidad de alimentos y obliga a importar más para abastecer el consumo básico.
Como las iniciativas en favor de las mujeres se concentran en las ciudades, no queda más remedio que emigrar. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura afirma que si las mujeres en las zonas rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a la tierra se podría incrementar la producción agrícola y reducir entre 100 y 150 millones el número de personas hambrientas en el mundo y que hay sólidas razones económicas para promover la igualdad de género en la agricultura.
El trabajo del campo es considerado una actividad estratégica en los países desarrollados, donde por lo general subsidian plenamente está actividad que garantiza independencia y seguridad alimentaria. Israel es una potencia en agricultura dónde las mujeres juegan un rol fundamental en los kibutz y existe un equilibrio de participación comunitaria. Tienen la claridad que el éxito es una complementación entre hombres y mujeres.
En Colombia son más de 5 millones las trabajadoras agrícolas, sin embargo, es una actividad que se sigue percibiendo y pensando como una práctica inherente a los hombres. De 53 gremios relacionados solo nueve los lideran mujeres, y en 14 hay presencia de no más de dos mujeres en sus juntas directivas, según la Corporación Colombia Internacional (CCI), una plataforma para desarrollar una proveeduría integral e implementación de proyectos agroempresariales competitivos y rentables con inclusión social.
Es el momento de abrir espacios y crear mejores condiciones que promuevan una complementación entre los aportes de mujeres y hombres a las diferentes industrias, incluido el campo, es indispensable revertir la desigualdad en las áreas rurales y facilitar acceso a la tecnología, la desigualdad social, que puedan mejorar sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar. Hay que legitimar sus derechos y dignificar su labor. Las mujeres tienen mucho que aportar y requieren independencia financiera, programas integrales, sostenibles y sustentables.
Tenemos que trabajar desde el sector público y desde lo privado por el bien común, por condiciones sociales dignas, por el respeto y la buena convivencia, con proyectos claros, procesos eficientes que mitiguen los efectos derivados de la marginación y la violencia, todo aunado a un papel relevante para la mujer rural, con acceso equitativo a los servicios básicos y proyectos productivos.
Ahora que se habla de reforma laboral, es la oportunidad para incluir en la legislación normas que protejan y estimulen el empleo femenino y también impulsar programas de empleabilidad.