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La seguridad alimentaria supone estar en armonía con el libre mercado y en procura de nuevos mecanismos para la productividad, la inversión y el comercio; garantizar infraestructura física, herramientas financieras y tecnológicas, con una política agropecuaria que promueva la asistencia técnica, el crédito, la asociatividad entre las micro, pequeñas y grandes empresas y garantice una cobertura nacional de distribución y abastecimiento.
Además del acceso al crédito dirigido específicamente al desarrollo rural se requiere de incentivos fiscales, asesoría profesional, mecanismos de articulación y de cooperación, formación del recurso humano y orientación para dejarlo en condiciones de mejorar sus capacidades individuales y la competitividad colectiva.
Es decir, una política congruente, consensuada, buenas prácticas y mucha inversión. Vivimos en un país que históricamente ha demostrado la solidez de sus instituciones, gracias a ella también pudimos hacerle frente a la pandemia, somos la economía latinoamericana que más crece en los últimos años: se prevé que el Producto Interno Bruto del país crezca 6,1% en 2022, cuando el promedio mundial deberá estar cerca a 3%.
Nadie pone en duda el valor de la seguridad alimentaria para Colombia y el mundo, pero ello no supone que estemos frente a un escenario catastrófico, como lo quieren hacer ver algunos utilizando ejemplos algo rebuscados o coyunturales.
No obstante, Colombia se mantiene en el incómodo puesto 52 del Índice de Seguridad Alimentaria Global (Gfsi), que evalúa los problemas de asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos y los recursos naturales en 113 países.
El campo colombiano ha sido escenario de un prolongado y violento conflicto por la posesión de las tierras, donde la presencia del estado ha sido marginal en vastas zonas agrícolas, en especial las de difícil acceso, en contraste con la permanencia constante de grupos armados y de narcotraficantes.
A ello se suma que en los años noventa se hizo una apertura económica con una limitada política agraria que ofreciera herramientas para salir a competir con economías industrializadas y tecnificadas. No obstante, poco a poco hemos ganado espacios y tenemos un potencial realmente grande para suplir nuestro mercado y el de otros países. Hoy, al margen de las responsabilidades, estamos frente a una oportunidad si el nuevo Gobierno que promueve la unidad nacional logra articular una política de desarrollo rural sostenible, con suficiente inversión, apuestas productivas regionales, aprovechamiento de los aprendizajes obtenidos, reconociendo la relevancia de la experiencia de las empresas y de la seguridad jurídica.
La seguridad alimentaria no necesita cerrar mercados, ni renegociar acuerdos comerciales ni instaurar un proteccionismo en el sistema productivo nacional. Por el contrario, lo más sensato sería promover buenas alianzas público-privadas que dinamicen la industria, la infraestructura y los negocios, que potencien las posibilidades de desarrollo y tecnificación en las extensas zonas rurales que tenemos para explotar. Estamos en un momento histórico para hacer del campo una despensa para Colombia y el continente, sin embargo, se necesitará construir sobre lo construido y mucha sabiduría de todas las partes involucradas para que al final no nos quedemos sin el pan y sin el queso.
